ESCUCHARGuillermo Marijuan la acusó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Piden que se determine si la procuradora General aplicó la reglamentación para los procesos de remoción.
En lo que significa un nuevo capítulo en la pelea entre el fiscal Guillermo Marijuan y la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, ayer el funcionario judicial resolvió imputar a la jefa de fiscales por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Marijuan, que fue removido días atrás por la Procuración General de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), imputó a Gils Carbó por su actitud ante el pedido del juez Claudio Bonadio para que removiera al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. Marijuan actúa en esta causa subrogando al fiscal federal Carlos Rívolo, que se encuentra de licencia.
La causa se inició por una denuncia del juez Bonadio contra Gils Carbó, a quien se le achaca no haber cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso, del titular de la Procelac.
Para Bonadio, Gils Carbó debía convocar a un suborganismo denominado “Consejo evaluador” para poder resolver la desestimación, lo que causó que el magistrado la denunciara y que el fiscal Marijuan procediera a la actual imputación.
La causa
Semanas atrás, Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político por no presentarse a declaración indagatoria en una causa en la que el fiscal está acusado de violación de secreto.
El juez hizo el pedido de juicio político de Gonella para que pierda la inmunidad de arresto que le dan los fueros de fiscal y así llevarlo a declarar por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó lo solicitado por Bonadio y lo fundamentó en que el juez “pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, cual es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio web del MPF”.
“La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, agregó Gils Carbó. La procuradora recordó que los fiscales tienen inmunidad de arresto, otorgada por la Constitución Nacional, y que se trata de un resguardo para su actuación y “no un privilegio personal sino una garantía de los justiciables”. Además, Gils Carbó denunció a Bonadio en el Consejo de la Magistratura.
Más cuestionamientos
A la imputación hecha por Marijuan se sumó la Asociación de Magistrados, que presentó un amparo para intentar que se ponga un freno a la designación de 16 nuevos fiscales nombrados por Gils Carbó.
Como se sabe, la decisión de Gils Carbó, que recibió duros cuestionamientos desde distintos sectores judiciales, fue tomada el último día hábil de 2014. En su presentación, la Asociación de Magistrados advirtió de que Gils Carbó realizó los nombramientos con base en el nuevo Código Procesal Penal que todavía no entró en vigencia.
