ESCUCHARSe confirmaron las imputaciones vinculadas al brote de coronavirus en la Residencia Geriátrica Santa Lucía de la localidad de Saldán.
La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) dispuso la imputación del médico Lucas Figueroa por considerarlo incurso en la en la comisión del delito, encuadrable prima facie, en la figura de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, previstos en los artículos 45 y 202 del Código Penal.
También fue imputado el director médico de la residencia, Marcelo Santiago Lazaro, por considerar que habría incurrido en la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor.
En los próximos días, se notificará a los imputados la fecha para recibir declaración indagatoria, al tiempo que continúan diligenciándose medidas investigativas. Cabe señalar que las imputaciones fueron adoptadas ayer, aunque recién este viernes se pudieron completar las notificaciones a los imputados.
Reacciones del Consejo de Médicos, Fepuc y Aclisa
La acusación a los profesionales de la salud motivó la reacción del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba que calificó como imprudente la decisión judicial. «El fiscal abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal, una puerta muy difícil de cerrar, la del miedo y la estigmatización y sus consecuencias son impredecibles», sostiene la entidad en una carta abierta al ministro de Salud.
El Consejo expresó que «criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales de la salud comprometidos en salvar vidas y no en delinquir. Estas situaciones lamentables no solo generan estupor a los médicos, coloca a quienes aman llevar adelante su labor a la defensiva, dañan la confianza y alteran la relación médico paciente. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos y todo en medio de una pandemia». La entidad profesional señaló que pondrán todo el apoyo jurídico para asesorar a los profesionales que trabajaban en el geriátrico Santa Lucía.
Por su parte, la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia (Aclisa) emitieron este sábado comunicados en apoyo a los médicos en cuestión.
«Medidas de este tenor, ponen en la escena pública aspectos que todo el equipo de salud supera con profesionalismo y recursos propios, como ya hemos manifestado a las autoridades desde esta federación y remiten a responsabilidades de quienes deben capacitar, proveer equipos de protección personal y controlar el adecuado funcionamiento de todo el sistema; es por ello que tamaña medida judicial, no deja de sorprender y hacer que nos preguntemos a qué obedece este accionar tan veloz por parte de un fiscal. Hacemos nuestras y de todos los colegios y asociaciones que conforman la federación, la preocupación manifestada por el Consejo de Médicos, respecto a la peligrosa estigmatización social hacia los equipos de salud, primera línea de combate de la pandemia y que ya cuenta con víctimas de la misma», sostuvo Fepuc.
En tanto, Aclisa afirmó: «Desde el inicio de esta pandemia, todo el personal de la salud y todas las instituciones privadas hemos puesto a disposición de toda la comunidad nuestra capacidad mediante la realización de un esfuerzo extraordinario para estar a la altura de las circunstancias. No nos oponemos a ningún tipo de investigación cuyo verdadero fin sea encontrar la verdad real pero resulta incomprensible que se exija la existencia de culpables, mucho menos buscarlos entre quienes permanecemos siempre e incondicionalmente al servicio de la población».
