ESCUCHAREl año pasado, Reporteros Sin Fronteras expuso que se trata del segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, después de Birmania. Ahora, la ONG de DDHH alertó que el grueso de los ilícitos que se denuncian no se investigan y fustigó la militarización de la vía pública
En julio del año pasado, de acuerdo a la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), México era el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, después de Birmania.
El grupo ya había cursado advertencias sobre las actitudes hostiles de presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la prensa y le pidió nuevamente al gobierno que encabeza proteja a los periodistas.
Lo hizo a través de la publicación de un comunicado a página completa de la edición impresa del diario The Washington Post.
“La lista de víctimas de la violencia contra la prensa en México continúa creciendo”, afirmó el grupo, que también indicó que a seis meses de su inicio, 2022 se convirtió en el año “más mortífero” registrado para los trabajadores de medios en México, con 12 muertos hasta ese momento.
RSF apuntó a la impunidad como uno de los factores que pone en jaque a la práctica periodística y subrayó que impera en el 90% de los casos.
“El Gobierno mexicano debe condenar la violencia contra los periodistas y reforzar la protección hacia la prensa”, ponderó.
Discurso
A la fecha, aunque el discurso del oficialismo mexicano habla de una merma de homicidios y secuestros, un informe de Human Rights Watch (HRW) consigna que los delitos violentos llegaron a “picos históricos” durante la gestión del morenista.
Ademas, indica que los niveles de impunidad se mantienen altos, con apenas un 1% de los casos resueltos.
El grupo aclaró que aunque las autoridades suelen atribuirle el flagelo al acciones de carteles delictivos, la mayoría de los ilícitos no se investigan y no se identifica ni se enjuicia a los responsables.
Desde que asumió la presidencia, a finales de 2018, López Obrador presenta informes oficiales que reportan caídas importantes en los crímenes; en especial, contra la vida.
En base a ello, el mandatario pregona el éxito de su política de “abrazos y no balazos”.
Consulta
En septiembre del año pasado, el Gobierno decidió consultar a la población sobre la extensión hasta 2028 de la presencia del Ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública.
Por lo pronto, según encentas que se difundieron en octubre de 2022, tres de cada cuatro mexicanos apoya que el Ejército siga actuando como una suerte de policía.
Un mes después se publicó el decreto que amplio la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.
No obstante, hay debates en los medios sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública y el tema tensa los vínculos entre los partidos de oposición.
La aprobación ciudadana se extiende también a las numerosas concesiones que el gobierno López Obrador hizo a las Fuerzas Armadas, como la gestión de aduanas y aeropuertos.
La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón inaugurando la llamada “guerra contra el narco”. Durante sus años en la oposición, López Obrador fue uno de los mayores críticos de la estrategia, pero cambió de opinión tras llegar a la presidencia y fue el primer mandatario que la blindó con una ley.
En 2019 aprobó una reforma constitucional que consolidaba la presencia de los militares patrullando las calles hasta 2024, el final de su mandato, y la intensión es extender el plazo otros cuatro años.
Seguridad
En diciembre del año pasado, el subsecretario de Seguridad mexicano Ricardo Mejía Berdeja afirmó que los asesinatos están a la baja, con “una disminución muy relevante” en noviembre, el mes, dijo, “con menos homicidios dolosos en los últimos seis años”.
No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) muestran que el país sigue estancado en altos niveles de violencia.
El Inegi reportó que México registró 35.625 homicidios en 2021, una cifra similar a la de 2020, y que aunque la tasa se redujo de 29 a 28 cada 100 mil habitantes, la violencia sigue instalada. El informe de HRW denuncia que las políticas de seguridad del Gobierno no solo no lograron frenarla sino que también pueden incurrir en graves violaciones a los derechos humanos.
“Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia no asegura las garantías de debido proceso”, alertó el organismo, que critica la constante militarización de la seguridad.
“Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señaló que policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho solo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado”, expuso HRW.
También recordó que las estadísticas suman un alto número de desaparecidos: al menos 105 personas.
“Casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la ‘guerra’ contra el crimen organizado en 2006. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”, advirtió HRW.
La ONG reiteró que activistas y periodistas son masacrados y recordó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos y periodistas; especialmente, para los que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos.
Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los periodistas, registró en la primera mitad de 2022 al menos 331 amenazas, ataques y otras formas de agresión y sostuvo que por ello muchos se autocensuran. Según HRW, las autoridades no investigan adecuadamente esos delitos.
