Human Rights Watch sumó críticas a los planes del Gobierno para el Poder Judicial

En un informe, la organización alertó sobre que los cambios que propone la Administración de Alberto Fernández ponen en riesgo la independencia de la Justicia. También cuestionó su retórica hostil contra la prensa, la falta de designación de magistrados y la impunidad del caso AMIA

Luego de días signados por tensiones entre el oficialismo e integrantes del arco opositor y de sectores empresariales y académicos por los conceptos del Gobierno sobre el Poder Judicial, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre riesgos para la independencia de la Justicia.

También criticó la impunidad por el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), “la retórica hostil” que utiliza la administración de Alberto Fernández contra la prensa y sus propuestas de cambios para el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Informe

Lo hizo en su informe anual, en el cual consigna que en Argentina “algunas de las reformas” que propuso el Gobierno “suponen un riesgo” para la independencia de aquellas instituciones. También fustigó las demoras en la designación de jueces permanentes.

Al abordar distintos ejes, HRW analizó los derechos humanos (DDHH) en Argentina.

Uno de los apartados del documento que difundió se refiere a la libertad de expresión y señala que “autoridades de alto nivel”, entre las que incluyó al primer mandatario, emplean “una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar ‘noticias falsas’ al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el covid-19”.

El documento que difundió HRW aborda la libertad de expresión en el país. Señala que “autoridades de alto nivel” emplean “una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar ‘noticias falsas’ al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el covid-19”.

El organismo apuntó también a las condiciones en centros de detención y a los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en lo que va de la pandemia y recordó que, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hubo 176 presuntos episodios de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2020 y 77 entre enero y junio de 2021. También mencionó que más de la mitad de los 11.290 detenidos en cárceles del sistema federal están recluidos con prisión preventiva.

Formosa

HRW subrayó que continúan las pesquisas por los crímenes de Facundo Astudillo Castro y Luis Espinoza , ambos desaparecidos y luego hallados sin vida durante la vigencia del confinamiento decretado por el Poder Ejecutivo durante el primer año de pandemia.

Asimismo, citó lo ocurrido en Formosa cuando el gobernador Gildo Insfrán dictó medidas que generaron sendas denuncias y comunicados por violaciones de los DDHH. “En el norte del país emplearon medidas abusivas e insalubres para evitar la propagación del coronavirus, incluyendo el confinamiento de personas en centros de ‘aislamiento’ y ‘cuarentena’ en circunstancias que constituyeron detenciones arbitrarias”, reza el informe, y agregó que el Gobierno formoseño limitó la cobertura periodística sobre la situación en la provincia.

En tanto, indicó que se habría usado fuerza excesiva contra personas que protestaron por las restricciones y reseñó que se concretaron detenciones y procesamientos contra algunas.

Movilización

La semana pasada, la difusión de la movilización que organiza el dirigente piquetero Luis D’Elía para, en sus palabras, “echar” a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -respaldada por el viceministro de Justicia, Jun Martín Mena-, generó repudio de distintos sectores.

Lo propio hicieron las afirmaciones del Presidente, quien el pasado lunes afirmó que el Alto Tribunal “tiene un problema de funcionamiento muy serio” y que “sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos”.

Además, manifestó que “la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición”.

Bajo esas premisas, Fernández defendió su intención de promover una reforma judicial y fustigó la sentencia que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), decisión que calificó como “asombrosa” desde lo jurídico.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseveró que le parecía “muy grave” lo que definió como “el avance y el ataque del Gobierno nacional a la Corte”.

En una conferencia de prensa relacionada con la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires, estimó que es “gravísimo” que funcionarios nacionales hayan adelantado que van a participar de la marcha que convoca el kirchnerismo “pidiendo la renuncia de la Corte” y “que el Presidente lo avale”.

“El principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto esta situación”, agregó.

Cabe recordar que el viceministro Mena consideró “muy positiva” la movilización. Estimó que “hay mucha gente con hartazgo”; apuntó contra el Judicial porque “no aporta soluciones a la población” y, en la misma línea que Fernández, criticó el fallo que declaró inconstitucional la reforma del CMN que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

Antes de que Rodríguez Larreta verbalizara su punto de vista, el diputado cordobés Mario Negri ya había apuntado contra Fernández. Luego de que hablara, el cordobés valoró que apañó “los embates del kirchnerismo contra la Corte”.

“La división de poderes volvió a ser lapidada por el Presidente. Sus declaraciones no son inocuas y no hicieron más que apañar los embates del kirchnerismo más rabioso contra la Corte Suprema. No hay que naturalizar estos despropósitos”, expresó en su cuenta de la red social Twitter.

Previamente, posteó acerca de la movilización a la que convocó D’Elía y planteó que “una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte sólo puede ser ‘algo bueno’ en las afiebradas mentes del kirchnerismo”.

Empresarios

Horas después, mientras sectores del kirchnerismo promocionaban a través de las redes sociales la movilización, el Foro de Convergencia Empresarial publicó un duro comunicado en el que resaltó la necesidad de respetar la división de poderes.

En el documento, titulado “Es imprescindible el respeto a la división de poderes”, el foro –que representa más de 60 cámaras y entidades– planteó que el país necesita consolidar un sistema institucional sólido “sustentado en los principios básicos consagrados en nuestra Constitución Nacional”. “Estamos convencidos de que el requisito básico para la solución de los problemas de Argentina es el respeto a la Constitución, a la división de poderes”, manifestó la entidad, que indicó que, desde el punto de vista del empresariado, “ello brindará la confianza necesaria que permita generar más inversiones a los efectos de crear nuevas oportunidades de empleo”. “Resulta imprescindible respetar la división de poderes que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz a fin de fortalecer el Estado de Derecho”, añadió el foro.

A modo de cierre, invitó a la prudencia y a respetar la investidura de los integrantes de la Corte Suprema.

Académicos

Luego, académicos nucleados en la organización “Profesores Republicanos” se expresaron sobre la movilización.

El grupo repudió la convocatoria a la marcha para el próximo 1 de febrero y le reclamaron a la oposición que “cumpla con su mandato” con la ciudadanía y ayude al esclarecimiento de la situación.

En una carta titulada “Embestida violatoria de principios constitucionales y de la división de poderes”, Profesores Republicanos expuso que el Gobierno nacional apoya oficialmente el plan de D’Elía y sindicatos afines al peronismo kirchnerista y fustigó que cuente con el “beneplácito” del ministro de Justicia, Martín Soria, por medio de las declaraciones del viceministro Mena, y que Fernández se haya sumado a los embates.

“Acciones como esta tienen la evidente finalidad de destruir la división de poderes, en un indudable proceder autoritario y prepotente cuyo objetivo es lograr la impunidad de quienes se encuentran procesados por claros y probados delitos de corrupción”, agregaron los firmantes, quienes les solicitaron a los ciudadanos argentinos que, sin importar sus ideologías, tomen conciencia de lo que definieron como “de gravedad institucional” y “embestida callejera contra el máximo tribunal del país”.

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