Honorarios: para cobrar, el abogado tendrá que esperar a que mejore la situación del condenado

Frente al estado de hipervulnerabilidad del ejecutado, el tribunal admitió el planteo de éste, quien fue representado por un curador en el juicio de limitación de capacidad

En el marco de una ejecución de honorarios regulados en un proceso de limitación de capacidad, el Juzgado de 45ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba admitió la excepción de espera que interpuso la parte perdidosa, al valorar la situación de hipervulnerabilidad de ésta, por ser una persona discapacitada y sumergida en una situación de pobreza, determinando que los estipendios reclamados podrán hacerse efectivos cuando ésta mejore su situación.

El juez Héctor Daniel Suarez señaló que el caso fue traído ante el tribunal por un profesional que prestó sus servicios y a quien se le estimaron honorarios y que frente a él se encuentra una persona con discapacidad en los términos de la ley 22431, quien inició el procedimiento tendiente a la declaración de Limitación de la Capacidad, en los términos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el Asesoramiento del Ministerio Público.

El magistrado relató que se acreditó no sólo esa discapacidad sino también la situación de vulnerabilidad: no tiene contención familiar adecuada y su alimentación es provista por terceros.

El sentenciante analizó la legislación nacional e internacional, derivando que el pago de las costas, en todos los casos está supeditado a la mejora de fortuna, pues de otra manera no se entendería la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG).

Asimismo, Suárez valoró que la pobreza del beneficiario (art.27 LAJG) es un estado de impotencia económica, que en su situación se agrava pues ni siquiera puede procurarse su propio sustento.

El juez observó que si bien la naturaleza de los honorarios es alimentaria, no cabe duda de que la situación del profesional proyecta mejores condiciones socioeconómicas que la del condenado.

A su vez, el fallo valoró que es una manifestación recurrente del ejecutado que “tiene siete departamentos” y que “no le dan la parte que le corresponde”, tratándose de inmuebles que pertenecían a su abuelo materno, hoy fallecido, dejando como únicos herederos a su madre (actualmente viva) y a un tío, hermano de ésta.

Patrimonio

El magistrado coligió que quien tiene derecho a parte del patrimonio al que hace alusión D.N., es su propia madre, en 50%, aclarando que mientras se encuentre con vida su madre, ninguna mejora de fortuna de aquél se puede producir.

Además, Suárez advirtió que a partir de mayo 2022, D.N. se encuentra percibiendo una pensión no contributiva que el propio ejecutante denunció oportunamente y que esos magros ingresos son utilizados en “gastos cotidianos de manutención, para la adquisición de alimentos, pago del agua corriente y pago parcial de gastos de luz facturación de EPEC) y gas (dos garrafas domiciliarias de gran tamaño que duran entre dos o tres meses) que comparte con su tío C. F. en razón de la mayor onerosidad de estos últimos consumos”.

El juzgador consideró que la circunstancia de haberse llevado a cabo un “acuerdo” entre el tío de D.N. y éste, sobre el depósito de una suma de dinero, es al solo efecto de contribuir a su alimentación y subsistencia básica, en la seguridad que tal liberalidad del mencionado familiar obedece a una cuestión humanitaria y no a una obligación derivada del derecho de propiedad del discapacitado. De lo expuesto infirió que la circunstancia de que la persona perciba ingresos, que sólo alcanzan para su subsistencia, no modifica el “estado de pobreza” en el que se encuentre inmerso, sin la existencia de otros recursos.

El fallo indicó que el abogado ejecutante conocía de la situación de vulnerabilidad y de impotencia económica de D.N., pues refrendó con su participación, la actuación del Ministerio Público, aceptando encontrarse su representado en la situación jurídica ya mencionada, por lo que, pretender cambiar esa situación con el solo hecho de proyectarse él como acreedor, incumple las pautas establecidas en la ley específica y los pactos y tratados internacionales de raigambre constitucional.

Conclusión

La decisión concluyó que la situación de pobreza del ejecutado, reflejada en el acceso a la justicia a través de la LAJG vislumbra su condición de vulnerabilidad, que debe ser tenida en cuenta no sólo en el limitado acto de ingresar a peticionar sus derechos, sino durante todo el transcurso del proceso, porque de otra forma se vería frustrado el real ejercicio a los mismos, y las normas y reglas que recogen esta perspectiva pasarían a ser meras declaraciones formales.

En resumen, en el fallo se resolvió que el sentido amplio de protección del acceso a la justicia, desde la perspectiva de vulnerabilidad, guiado por las pautas tanto nacionales como internacionales mencionadas llevan a considerar que, “en el caso puntual y a los fines de no tornar ilusorios los derechos reconocidos al Sr. N.”, corresponde hacer lugar a la excepción de espera planteada por la parte ejecutada y “condicionar la ejecución promovida a la mejora de fortuna del obligado al pago”.