La comisión que elabora el anteproyecto del Código Penal fijó penas para este delito. También se agravarán las relativas a usurpación de inmuebles
La comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reforma del Código Penal se reunió en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidió la creación de un tipo penal referido al tráfico de armas.
El presidente de la comisión, Mariano Borinsky, destacó que, “con el fin de proteger la seguridad y cumplir con compromisos asumidos por el Estado argentino en convenciones internacionales, se decidió crear un nuevo tipo penal, con hasta 15 años de prisión, para aquel que, de forma ilegal, fabrique, acopie, transporte, venda, canjee o intercambie o de cualquier forma comercie armas de fuego, sus piezas o sus municiones”.
Los juristas precisaron la redacción de los artículos referidos a la tenencia y la portación de armas de fuego, de uso civil y de uso civil controlado, y en este marco recibieron a Natalia Gambaro, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ex Renar, quien explicó la normativa administrativa, las dificultades de su aplicación y la importancia del desarme.
También la comisión trabajó sobre el tema de la ocupación ilegal de viviendas y decidió elevar la pena de uno a cuatro años en los casos de la usurpación de inmuebles y/o terrenos con violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza y de forma clandestina.
El pleno, además, decidió la creación de una agravante de hasta cinco años de pena, en el caso de la usurpación de áreas especialmente protegidas, como los parques nacionales.
En otro orden de ideas y a raíz de un pedido de jueces federales de Jujuy, se decidió asimilar la utilización de un documento de identidad falso de un extranjero a la de un nacional, ya que la redacción actual habla sólo en el caso de los argentinos de DNI y en el caso de los extranjeros de pasaporte.
Borinsky destacó que “hay un vacío legal ya que no se prevé que una persona extranjera puede utilizar un documento distinto del pasaporte, por ejemplo uno del Mercosur, para acreditar su identidad e ingresar a la Argentina, y esa conducta, al no estar incluida expresamente en la norma, no se puede penar.
Cabe recordar que la comisión está abocada a la revisión final del nuevo texto y está presidida por el camarista Borinsky, de la Casación Penal, acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador General de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer.
También la conforman los representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.