ESCUCHARLa administración de Horacio Rodríguez Larreta tendrá que habilitar espacios para que las personas con problemas de movilidad puedan dejar sus vehículos “durante un tiempo razonable”. La orden rige para el microcentro porteño
La Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que en el plazo de 60 días diseñe un plan para que los discapacitados que posean vehículos con el símbolo internacional de acceso puedan estacionar en el microcentro porteño. La medida la dictó la magistrada Cecilia Lourido, titular del Juzgado Número 20 en lo Contencioso-administrativo y Tributario, al admitir parcialmente la cautelar solicitada por la parte actora.
En su fallo, la jueza indicó que la iniciativa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta deberá determinar la cantidad de espacios para que las personas con discapacidad puedan estacionar sus vehículos “durante un tiempo razonable”.
A su turno, la amparista reclamó que el Gobierno de la CABA cumpla lo normado por las leyes vigentes en materia de accesibilidad -22431 y modificatorias-, dictadas con el objetivo de suprimir barreras arquitectónicas. Así, solicitó que en todas las calles donde las calzadas se redujeron para facilitar el paso de automóviles se construyan dársenas para que los discapacitados puedan dejar sus rodados.
Integración
En su demanda, expuso que las personas con discapacidad o movilidad reducida representan 10 por ciento de la población mundial y que para que haya verdadera integración y equiparación de oportunidades los Estados deben brindarles la posibilidad “cierta y concreta” de permanencia y tránsito en las distintas calles y vías rápidas.
Al admitir el planteo formulado por la asociación Inquietudes Ciudadanas, la sentenciante resaltó que si bien los informes adjuntados al expediente reflejaron la existencia de dársenas en el área microcentro, lo cierto es que funcionan para facilitar la carga y descarga de mercaderías y el ascenso y descenso de pasajeros. “Además de no tratarse de espacios destinados a las personas discapacitadas o con movilidad reducida, se habrían construido para permitir la detención, no el estacionamiento”, acotó.
Además, advirtió de que los bolardos colocados “constituirían un obstáculo físico” para usar la franquicia legal de libre estacionamiento, que se encuentra prevista en la normativa de tránsito y transporte de la CABA.
“La circunstancia apuntada, en la medida en que limitaría y restringiría el acceso y posibilidad de permanencia de las personas con discapacidad o movilidad reducida, lejos está de neutralizar la desventaja la discapacidad les provoca”, valoró Lourido.
Paralelamente, señaló que pese a la vigencia del libre estacionamiento, en razón del destino asignado a las dársenas y a la colocación de los bolardos en la zona del microcentro, una persona con discapacidad no puede estacionar su automóvil debidamente identificado en las calles intervenidas y permanecer allí por un tiempo razonable a los efectos de, por ejemplo, efectuar trámites. Valoró que ello es un perjuicio que se incrementa en atención al gran número de oficinas públicas y privadas que se concentra en el área.
