ESCUCHARPor Verónica Sforzín
El debate respecto de la gobernanza de internet y las soberanías digitales viene de hace muchos años, pero en estos tiempos en donde el mundo atraviesa cambios estructurales en las relaciones internacionales de poder adquiere nuevas dimensiones e importancia.
La reforma de los organismos internacionales que gobiernan y regulan internet y el reposicionamiento de los Estados parece inevitable. Esto se debe principalmente al cuestionamiento creciente que recibe Estados Unidos como potencia ordenadora de las relaciones internacionales, en particular en el terreno digital.
La idea de que los Estados deben reafirmar su autoridad sobre internet y proteger a su ciudadanía y a sus empresas de los múltiples desafíos que supone para la autodeterminación en la esfera digital es encabezada por la República Popular China, pero incluso Alemania lo expresó en el año 2020 cuando ejerció la presidencia de la Comisión de la Unión Europea.
La visión del gobierno chino parte de concebir el espacio digital como un territorio donde hay que ejercer soberanía. Estados Unidos, desde sus comienzos, al tener el control del ciberespacio, implantó hacia el resto del mundo la internet angloamericana como un espacio abierto, neutro y global, siendo que en los hechos los beneficios económicos, diplomáticos, de seguridad nacional e inteligencia quedaron en sus manos.
China promueve que sea la ciber-soberanía el principio organizador de la gobernanza. En palabras de su actual presidente, Xi Jinping, la ciber-soberanía representa “el derecho de cada país a elegir independientemente su propio camino de desarrollo cibernético, el modelo de regulación cibernética y las políticas públicas de Internet, y a participar en una gobernanza internacional del ciberespacio en pie de igualdad”. Ya en 2016, en el marco de la realización de la Conferencia Mundial de Internet (WIC, por sus siglas en inglés) destacó: “El principio de la igualdad soberana consagrado en la Carta de las Naciones Unidas es una de las normas básicas en las Relaciones Internacionales contemporáneas. Cubre todos los aspectos de las relaciones entre estados, incluyendo también el ciberespacio”.
También Rusia promulgó la ley de soberanía de internet en 2019, y algo que poco se sabe en el mundo occidental es que ya en 2016 Irán inauguró la Red Nacional de Información, “uno de los componentes claves de la independencia del país”.
En la actualidad, la gobernanza de internet se ejerce en gran parte por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), la cual depende de la Secretaría de Comercio de EEUU. El actual presidente es Göran Marby, quien fue director de CISCO en Suecia, una corporación del conglomerado de tecnología transnacional estadounidense. Es sabido el poco espacio que le brinda esta organización a los Estados y sus gobiernos.
Por otro lado, en la gobernanza actual se encuentran las áreas que dependen de Naciones Unidas: el Foro para la Gobernanza de Internet, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Estas son las instituciones que hoy se encuentran cuestionadas y a las cuales el mundo multipolar les reclama una reestructuración que permita el reposicionamiento del rol de los Estados Nacionales en relación a fomentar la soberanía tecnológica y comunicacional de los países, ya que la actual estructura global tecnológica ha impedido la transferencia de tecnología y ha agravado la brecha entre los países tecnológicamente desarrollados y los tecnológicamente dependientes.
Lamentablemente, estas discusiones quedan muy lejos, todavía, de América Latina y el Caribe, siendo que en realidad hacen a las posibilidades que tenga la región de avanzar en la implementación de políticas soberanas.
El actualizado debate respecto de la soberanía digital abarca temas tan amplios como el de la capacidad de un país para aplicar y sostener políticas autónomas en relación con sus infraestructuras digitales de información y comunicación; el desarrollo y cuidado de su economía y de su infraestructura crítica; la necesidad de salvaguardar los datos de la población y la capacidad del desarrollo económico y tecnológico propio a través del poder innovador de la industria nacional.
(*) Doctora en Comunicación y Licenciada en Sociología por la UNLP.
