ESCUCHAREn Salta, el juez de Revisión Santiago French envió a juicio a los funcionarios de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI Claudio Palacios y Ricardo Coronel y al empresario Sebastián Villagrán Di Pietro, por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes.
Palacios y Coronel se sentarán en el banquillo como coautores y Villagrán Di Pietro, propietario de una empresa de servicios de logística digital, como partícipe necesario.
La remisión a juicio fue solicitada por el agente federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
El 25 de octubre del 2021, una denuncia anónima reportó irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones.
El denunciante apuntó a dos expedientes de contratación directa de servicios de audio y video, con pantallas led, para encuentros a llevarse a cabo en centros de jubilados con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI, que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites.
Puntualizó que en uno de ellos, de septiembre del año pasado, se hacía mención de la presentación de presupuestos por tres oferentes, uno de los cuales correspondía a Villagrán Di Pietro, quien en realidad fue el único que cotizó (en 440 mil pesos) y ganó.
En tanto, indicó que en el otro expediente se dio una situación similar aunque la adjudicación se concretó porque la firma del encausado contaba con cierta experiencia en gerontología y las otras dos oferentes (las mismas que en el proceso anterior) tampoco formularon ofertas ni determinaron costos.
En función de las pruebas reunidas durante la instrucción, Toranzos afirmó que los funcionarios obraron de “manera interesada” en favor del empresario y que hicieron gestiones para que “ganara las contrataciones”, causándole un perjuicio económico al Estado Nacional por más de tres millones de pesos.
Imputaciones
Los encartados quedaron imputados en junio pasado.
En esa oportunidad, el auxiliar fiscal el auxiliar fiscal Facundo Mirabella detalló que las primeras tareas de campo que el Área de Casos Complejos le encomendó a la Policía Federal constataron que, efectivamente, las dos firmas que figuraban en los expedientes no ofertaron y que, además, no funcionan en los domicilios comerciales que denunciaron; de hecho, afirmó que los vecinos de las sedes sociales dijeron desconocer su existencia.
“Ante este cuadro de sospecha inicial y dado el hermetismo existente en el PAMI por la supuesta influencia de los implicados, se avanzó con tareas de inteligencia, las cuales se realizaron con el control judicial correspondiente”, aclaró Mirabella, puntualizando que como resultado de esas pesquisas se reunió información proveniente de intervenciones telefónicas, en las cuales los encartados hicieron referencia directa a maniobras dirigidas a sortear exigencias con la intención de favorecer a Villagrán Di Pietro.
También manifestó que hubo “advertencias para asegurarse la impunidad”.
En tal sentido, reveló que Palacios le indicó a Villagrán Di Pietro: “Seba, si podés el correo, el WhatsApp y todo eso, borra todo al carajo”.
El agente acotó que en otras conversaciones los imputados intercambiaron información respecto a cómo debían presentar las facturas para evitar que se advirtieran irregularidades.
Por otra parte, mencionó un diálogo entre Palacios y Coronel en el que hablaron de “salir a festejar” por los “cheques que tenían para cobrar”.
En cuanto al análisis de los teléfonos secuestrados en allanamientos, Mirabella resaltó la existencia de muchos contactos entre los encausados; para ejemplificar, un total de 1.300 llamadas de Villagrán Di Pietro a Palacios.
Paralelamente, informó que en los dispositivos electrónicos del prestador de servicios de PAMI se hallaron imágenes del primer expediente citado en la denuncia anónima, de la cual también se encontraron copias en un placard de su casa.
“Todas las evidencias reunidas hasta el momento llevan a la fiscalía a sostener que los involucrados tenían una cierta organización a los efectos de generar en el ámbito de las contrataciones un favorecimiento hacia Villagrán Di Pietro”, concluyó el agente.
Según señaló, para lograr sus fines los imputados usaron empresas denominadas “de papel” para simular adjudicaciones.
