ESCUCHAREl fiscal federal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 6, Federico Delgado, solicitó ayer al juez Julián Ercolini que procese con prisión preventiva a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a Manuel Vázquez, por los delitos de peculado y cohecho, en el marco de la causas por irregularidades en la adquisición de trenes usados a Portugal y España.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que “hay riesgos específicos que pueden obstaculizar la aplicación de una sanción”. Asimismo, resaltó que Schiavi registra una condena de ocho años de prisión dictado durante el juicio oral por la “tragedia de Once” que, si bien no está firme, señaló Delgado que “esos 8 años y la chance concreta de que sea condenado en esta causa por delitos graves como el cohecho y el peculado, cuya pena máxima asciende a 10 años de prisión, forman un cuadro objetivo que justifica la prisión preventiva para asegurar su comparecencia al eventual juicio oral”.
Hacia el final del escrito, el fiscal federal se refirió a estos sucesos como “gravísimos hechos de corrupción trasnacional que el Estado argentino está obligado a investigar en virtud de compromisos asumidos en numerosos tratados internacionales”. Delgado citó además la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE. Cabe recordar que Jaime y Vázquez ya están detenidos por orden del juez federal Julián Ercolini en este expediente, pero el fiscal entendió que están reunidos los elementos necesarios para agravar la situación procesal de ambos y también la de Schiavi.
El dictamen no es vinculante y el juez está en tiempos procesales para resolverlos. Según Delgado, las millonarias compras de vehículos ferroviarios se concretaron “por material que no lo valía” y apuntaban en realidad a “generar retornos”.
“Es altamente probable que antes de expresar la voluntad del Estado en decretos, resoluciones y contratos se haya llegado a un pacto fundadamente para sustraer caudales públicos, con la excusa de hacer algo con el sistema ferroviario”, intuyó Delgado -quien también fue el fiscal que instruyó la causa por la tragedia de Once-.
