¿Figueroa jubilada? El juez Mariano Borinsky presidirá la Casación Penal

La titular del tribunal cumple 75 años hoy. Su pliego naufragó hasta ahora en el Legislativo. El artículo 99 de la CN señala que un nuevo nombramiento del presidente, precedido de acuerdo del Senado, “será necesario para mantener en el cargo” a los funcionarios a partir de aquella edad

A partir del jueves 10 de agosto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) quedará a cargo de su actual vice, Mariano Borinsky.

La titular del tribunal, Ana María Figueroa, cumple 75 años hoy, y el pliego que le permitiría seguir ocupando su sillón, por ahora, naufraga en el Legislativo.

Figueroa cesará en su función como cabeza del tribunal y que ratificó que no firmará sentencias hasta que el Senado decide si su carrera sigue cinco años más.

Lo hizo en una reunión con Daniel Petrone, por la Sala I; Guillermo Yacobucci por la Sala II; Borinsky, por la III, y Gustavo Hornos, por la IV.

Reglamento
El artículo 2 del reglamento de la CFCP establece que elegirá a su presidente antes del 20 de diciembre de cada año observando el orden de ingreso; que el ejercicio del cargo empezará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año (sin tener en cuenta para la elección que el electo hubiere ejercido la presidencia con carácter interino, o en reemplazo por licencia o acefalía).

Determina que de la misma forma serán designados los vicepresidentes primero y segundo, quienes desempeñarán, en ese orden, las funciones del presidente en caso de licencia o acefalía.

En tanto, el artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación estipula que, salvo cuestiones unipersonales, en las causas intervendrán tres jueces, no obstante lo cual “se podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos”.

Atribuciones
En cuanto a las atribuciones del presidente de la Nación, el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su artículo 4, señala que un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, “será necesario para mantener en el cargo” a los magistrados “una vez que cumplan la edad de 75 años”.

Nada dice sobre el trámite parlamentario o su duración.

En tanto, la resolución E 521/2017 del Ministerio de Justicia, actualmente a cargo de Martín Soria, establece en su artículo 6 que si el Senado no prestara el acuerdo necesario en forma expresa, o no lo hiciera a la fecha que el magistrado en cuestión llega a los 75, la cartera notificará al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General o a la Defensoría General de la Nación -según el caso- a fin de que “se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante”.

Un año después, en la resolución 511/2018, el consejo dispuso que aquella manda es de “plena aplicación para los jueces en ejercicio de su función”.

Figueroa fue elegida presidenta de la máxima instancia penal del país en diciembre pasado, en reemplazo de Alejandro Slokar.

Junto a Petrone y Diego Barroetaveña, tuvo en sus manos decidir si se mantiene o no el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en las causas unificadas Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, que cerró el Tribunal Oral Federal 5.

Cercana al oficialismo, fue electa por mayoría en un acuerdo general.

Petrone se abstuvo. Votaron por ella sus colegas Borinsky, Javier Carbajo, Hornos, Angela Ledesma, Slokar, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, además de ella misma. No la acompañaron los jueces Carlos Mahiques, Barroetaveña y Yacobucci.

La mujer -ex asesora de la Secretaría de Derechos Humanos- fue nombrada en la Casación por Fernández de Kirchner. Llegó con credenciales académicas pero sin antecedentes en tribunales.

La oposición entiende que la insistencia del oficialismo con su permanencia se enmarca en maniobras para garantizar impunidad para la ex presidente.

Irán
En mayo de 2020, la vocal hizo declaraciones que generaron revuelo político y cruces legislativos mientras el país atravesaba horas dramáticas por la pandemia.

Entrevistada por un periodista radial, aseguró que el Ejecutivo no tuvo injerencia sobre los magistrados bonaerenses y federales que concedieron domiciliarias y denunció que fue presionada durante la Administración de Cambiemos.

Sin dar nombres, afirmó que un ex funcionario del Ministerio de Justicia se apersonó en su oficina para indicarle cómo sentenciar en una causa.

Cuando el conductor del programa le pidió que citara el expediente, respondió: “No lo tengo muy presente, porque teníamos infinidad de causas, pero me parece que fue el de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”.

La vice presidenta Fernández de Kirchner usó Twitter para difundir su propia lectura de la versión de Figueroa: dio por sentado que se refirió al actual procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y a las actuaciones sobre el pacto con Irán.

Mahiques también usó la ex red social del pajarito: “Me gustaría que Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó”, escribió.

El actual presidente de la Asociación Internacional de Fiscales tuvo respuesta: Figueroa hizo un descargo ante un medio gráfico porteño. “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad. Realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. Él lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques”, manifestó.

Nulidad
Oscar Parrilli anticipó que pediría la nulidad del fallo dictado por la Casación sobre la firma del memorándum con Irán porque, a su entender, la voluntad de los jueces estuvo viciada.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que se retomaría la discusión por la reforma judicial.

En agosto de 2020, diputados nacionales de la UCR cuestionaron el inciso incorporado por Parrilli al proyecto de reforma judicial oficialista que obligaba a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios.

La ex vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, Karina Banfi, expuso: “¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces, una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.

El ex diputado Luis Petri (candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich) declaró: “¿Qué medidas podría solicitar un juez que denuncia presión mediática ante una nota que exponga su actuación? A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada”.

Agregó que el apartado en cuestión, inspirado en una idea que meses antes ventilaron cinco de colegas de Parrilli en el Senado, era “oscuro e impreciso” y valoró que buscaba amedrentar al periodismo.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) lamentó la aprobación de la cláusula que el kirchnerismo incluyó en el dictamen y exhortó a reflexionar sobre su gravedad institucional.

En el duro comunicado que difundió en su sitio web y en las redes sociales denunció que la manda era incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa.

Enfatizó que la “enmienda Parrilli” apuntaba a favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar “un debate público vigoroso” sobre cuestiones de interés institucional, como la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

“La repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia”, destacó.

Finalmente, la previsión no prosperó, al igual que los planes del oficialismo para la Justicia y la Corte.