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Fayt renunció a la Corte pero se quedará hasta el 11 de diciembre

A LOS 97 AÑOS, el juez anunció que se retira luego de que Fernández deje el poder.
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El magistrado había sido nombrado por Alfonsín, a poco de asumir, en 1983. Dejará su cargo dos meses antes de cumplir 98 años. Durante la primera mitad de 2015, su aptitud psicofísica había sido puesta en cuestionamiento por el Gobierno. Su partida deja una Corte de sólo tres miembros, que ahora deberá fallar por unanimidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comunicó ayer que el ministro Carlos Santiago Fayt presentó su renuncia al cargo de juez, que tendrá efectos a partir del 11 de diciembre, luego de que finalice el mandato de la presidenta Cristina Fernández.

Fayt, de 97 años, presentó su renuncia al cargo con una carta de dimisión a la presidenta Cristina Fernández, como es norma con todos los jueces, pero será el futuro mandatario el que deba resolver su reemplazo.

«Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidenta de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia, con efectos a partir del 11 de diciembre del corriente año», dice el texto de la breve misiva de seis líneas firmada por Fayt.

La nota fue difundida al mediodía de ayer por la agencia de noticias de la Corte, que tras la salida de Fayt quedará integrada por tres miembros: el presidente, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda. Esta conformación no hará más que acentuar el estado de excepcionalidad con el que actúa el máximo tribunal desde la renuncia de Raúl Zaffaroni, a comienzos de año.

Esa acotada conformación implica un desafío al funcionamiento del máximo organismo, ya que precisamente son tres los votos mínimos requeridos del esquema de cinco miembros con el que se rige hoy la Corte tras la reducción de integrantes operada por la ley 26183. Es decir, que la Corte se vería obligada sólo a fallar por «unanimidad» de sus únicos tres miembros, sin divisiones.

Bajo cuestionamiento
Designado poco después de la recuperación democrática de 1983 por Raúl Alfonsín, Fayt dejará el cargo cuando esté a sólo dos meses de cumplir 98 años. Fayt permanecía en la Corte pese a superar la edad máxima de 75 años fijada por la Constitución de 1994, gracias a una acordada interpretativa de la Corte de la «mayoría automática» que lo exceptuó de sus alcances por haber sido designado con anterioridad.

En los últimos meses, desde distintos sectores del oficialismo se había puesto en duda la idoneidad de Fayt para ejercer el cargo debido a su avanzada edad, evidenciada en su cada vez más esporádica presencia en su despacho en Tribunales.

La polémica estalló en abril pasado, cuando Lorenzetti fue reelecto por cuarta vez consecutiva como presidente del máximo tribunal con ocho meses de anticipación al vencimiento del actual mandato.

Trascendió entonces que la Corte incurría en una virtual “falsedad ideológica”, dado que en el acta constaba la presencia de Fayt en el acuerdo de ministros cuando, en realidad, ésta había sido llevada a su domicilio por un secretario para que la firme.

La polémica entre oficialismo y oposición escaló y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió, con impulso del oficialismo, una investigación para determinar si el magistrado podía seguir ejerciendo sus funciones.

En ese proceso, la oposición denunció que el “proceso investigativo” no está contemplado entre las atribuciones de la Comisión de Juicio Político, y consideró que la causal de la edad no es suficiente para intentar remover al magistrado.

En su prolongada presencia en el máximo tribunal, la jurisprudencia de Fayt tuvo una evolución cambiante, como cuando validó la represión del consumo de estupefacientes y luego adhirió al nuevo criterio del fallo Arriola, que despenaliza el consumo individual.

Durante el actual gobierno, Fayt también emitió el único voto en contra del fallo que proclamó la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. En ese voto en disidencia sostuvo que «una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión».

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