Extienden condena laboral a directivo por “no obrar como buen hombre de negocios”

El TSJ cordobés entendió que en el caso no se trató de correr el velo societario, sino de aplicar la sanción al director de una sociedad anónima por su accionar con relación al empleo de la actora al negarle la registración

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó la parte de una sentencia que había denegado extender la responsabilidad de una condena al director de una metalúrgica, al entender que infringió el artículo 59 de la Ley de Sociedades (LS), que lo obliga “obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”. Ello, en razón de que el directivo mantuvo en la clandestinidad el contrato de trabajo que unió a la empleadora con la accionante.

La trabajadora había cuestionado la decisión del a quo, que rechazó la condena personal del codemandado S.S.Z. y afirmó que el reclamo se sustentaba en el carácter de “administrador” de esa persona y en su responsabilidad por el deficiente registro de la relación laboral, la falta de pago de haberes y de provisión de tareas, con base en los artículos 59 y 274 de la ley 19550 (LS).

La mujer expresó que con ello se vulneraron las reglas de la lógica, porque el sentenciante consideró probado el inicio del contrato en el momento invocado por su parte, a raíz de una notificación de vacaciones con fecha anterior a la fecha del ingreso que sostenía la empleadora. La accionante destacó que dicha comunicación fue firmada de puño y letra por el codemandada, por lo que el desconocimiento del verdadero comienzo de la vinculación y la falta de pago de haberes configuraron el actuar desleal y contrario al de un buen hombre de negocios.

Finalmente, la trabajadora resaltó no perseguir el corrimiento del velo societario, pues el planteo se sustentó en la responsabilidad que le cabe al presidente de la empresa por no respetar los estándares jurídicos esperados en el control de la administración.

Fines extraños A su turno, el TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que el a quo rechazó la responsabilidad solidaria del directivo en cuestión por entender que la acción fue dirigida en contra de una sociedad anónima regularmente constituida, respecto de la cual no se acreditó que fuera creada para abusar del derecho diluyendo la responsabilidad de los socios o que persiguiera fines extraños a la misma.

El fallo expuso que el mérito analizó la desestimación de la personalidad jurídica, enrolándose en la posición que sostiene que se trata de un remedio excepcional, tanto en el ámbito del derecho del trabajo, como del derecho civil, comercial y fiscal e indicó que existen sanciones específicas para reprimir las violaciones registrales.

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo indicó que la sentencia revelaba las falencias formales que acusa el impugnante, añadiendo que la argumentación del a quo denota el tratamiento parcial de la cuestión llevada a su conocimiento. El TSJ precisó que la actora invocó como sostén de su pretensión en contra del codemandado, el incumplimiento de la normativa que impone a los administradores y representantes de la sociedad la obligación de “obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, aspecto sobre el cual el juzgador no efectuó consideración alguna, limitándose a analizar la petición desde la óptica de la “desestimación de la personalidad jurídica”.

Por otra parte, los vocales señalaron que el a quo constató el ingreso de la trabajadora en la fecha denunciada, destacando especialmente que resultaba inverosímil que se le notificaran las vacaciones del año 2005 en una fecha en la que aún no se había iniciado el contrato de trabajo y por un período que no correspondería a la escasa antigüedad reconocida en la empresa.

Legajo El Alto Cuerpo derivó de ello que el a quo para sustentar dicha conclusión, remitió a la exhibición del legajo de la actora, donde obraba la mentada notificación de la licencia. Según el fallo, este accionar, dado que evidencia un conocimiento directo del desenvolvimiento de las relaciones dentro de la empresa, resulta reprochable y contrario a los dispositivos que regulan la conducta esperable de un buen hombre de negocios.

El Alto Cuerpo agregó que durante el trámite del proceso la empleadora mantuvo la negativa -finalmente desvirtuada-, sin coadyuvar tampoco al diligenciamiento de las pruebas, pues no aportó la documentación necesaria para la realización de la pericial contable.

Asimismo, se consideró que la voluntad de mantener un contrato sin inscripción, con el consiguiente menoscabo de los derechos laborales, torna imposible eximir de responsabilidad a quien ejecutó la maniobra.

A su vez, los jueces aclararon que cabe diferenciar la sanción específica por la irregularidad (ley 24013) del responsable por el abono de los créditos laborales, remarcando que la valoración en la forma propuesta protege el orden público laboral, al permitir la inclusión de los verdaderos responsables y evitar que puedan refugiarse en una figura legal y dejar al dependiente sin posibilidad de efectivizar sus acreencias.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que debe anularse el decisorio en ese aspecto ordenando entrar al fondo del asunto y por las razones brindadas, extender la condena al codemandado S.S.Z.