ESCUCHAREl crecimiento de la tasa de delitos en el país ha provocado que en los últimos años el fuero penal se encuentre desbordado por una demanda que excede sus posibilidades de intervención y resolución dinámica de conflictos.
En la provincia de Córdoba, en el año 1999 y según las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, las autoridades policiales tomaron conocimiento sobre la comisión de 104.362 delitos; cinco años después esa cifra creció un 25%, alcanzando los 130.519 hechos.
Para algunos expertos, la Mediación Penal, que ya ha sido legislada y está en funcionamiento en varias provincias argentinas, es un valioso y alternativo sistema que permitirá resolver los conflictos descomprimiendo la tarea del Poder Judicial.
Precisamente, sobre el tema está trabajando un grupo de profesionales cordobeses que promueven la utilización de la Mediación Penal en situaciones denominadas como “predelictivas”. Esto significa trabajar sobre etapas iniciales de la exteriorización del conflicto: antes que el delito se produzca o bien con anterioridad a que se formalice la denuncia, cuando se trata de delitos de acción pública dependientes de instancia privada.
Objetivos
Norberto Barmat, coodinador del proyecto, anticipó a Comercio y Justicia que la intención perseguida es “extender el servicio de justicia a los marginados, dando una respuesta ágil y útil a la sociedad, descomprimiendo los juzgados penales y evitando la estigmatización del justiciable”.
El letrado, mediador del Centro Judicial del Tribunal Superior de Justicia, remarcó la especial importancia que tendría este mecanismo en aquellos casos que actualmente se reducen “en simples exposiciones judiciales, que al no encontrar soluciones a corto plazo, muchas veces derivan en situaciones de mayor gravedad”.
A juicio del profesional, la sede de Policía judicial o los locales descentralizados de la Policía de la Provincia serían los ámbitos propicios para desarrollar esta actividad.
“Es allí donde la gente va a exponer sus conflictos y es importante que allí encuentre alguna respuesta”, explicó.
El costo de un programa de mediación no implicaría ningún tipo de erogación para el Poder Judicial cordobés. El mecanismo podría ser subvencionado por el agresor -en caso de no alcanzar un acuerdo en esta instancia “prejudicial”-, o conforme acuerden las partes. En el caso de insolvencia justificada de las partes, se podría evaluar la creación de un fondo de financiamiento conformado por Rentas Generales de la Provincia.
En cuanto al personal, el proyecto prevé que los mismos empleados de Policía Judicial puedan intervenir como mediadores y también puedan hacerlo aquellos profesionales con antecedentes laborales en la problemática delictiva.
Detalles del evento
La jornada de “Mediación Penal: una respuesta posible” comienza hoy en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (Duarte Quirós y Avda. Vélez Sársfield). Está organizada por los Defensores del Pueblo de la Región Centro: Jessica Valentini (Córdoba), Carlos Bermúdez (Santa Fe) y Martha Benedetto (Paraná, Entre Ríos).
El evento contará con la disertación de los especialistas Adolfo Prunotto Laborde y Norberto Daniel Barmat y está dirigido a mediadores, jueces, miembros del Poder Judicial, Policía, estudiantes de Derecho, asistentes sociales, psic&o
