Ex Banco Social: dos condenados serán resarcidos porque no se les permitió recurrir la sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado nacional a pagar US$20.000 a los damnificados en concepto de daño inmaterial. También se ordenó la adecuación del ordenamiento jurídico interno [privado] A más de dos décadas de haber sido juzgados por fraudes contra el entonces Banco Social de Córdoba, dos condenados deberán ser indemnizados por el Estado, según resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que encontró a Argentina responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. César Ramón del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo Domínguez Linares fueron imputados por la comisión del delito de “defraudación por administración fraudulenta calificada”, en calidad de partícipes necesarios. En 1997, la Cámara Novena del Crimen de Córdoba los declaró cómplices necesarios del referido delito, en los términos de los artículos 45, 174 inc.5, y 173 inc.7 del Código Penal, y les impuso una pena de tres años y seis meses de prisión a cada uno, con accesorias de ley y costas. Ambas víctimas interpusieron recursos de casación, que fueron rechazados “in limine” por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, porque la ley no permitía revisar la prueba de la sentencia. Para la CorteIDH, esto violó el derecho constitucional a un recurso amplio y efectivo contra la condena. Sobre este aspecto, el Estado argentino afirmó que los recursos de casación interpuestos fueron declarados inadmisibles debido a que no se hallaron debidamente fundamentados y que se omitió plantear cuestiones de hecho y/o de prueba en sus impugnaciones. Sin embargo, la Corte sostuvo que la principal razón por la que fueron declarados inadmisibles fue la “imposibilidad por parte del tribunal ad quem de revisar los elementos fácticos declarados probados en la sentencia de primera instancia para poder así enfrentar los alegatos esgrimidos por cada recurrente”. De este modo, la CorteIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación artículo 8.2.h de la Convención -derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior-, en relación con los artículos 1.1 -obligación de respetar los derechos- y 2 -deber de adoptar disposiciones de derecho interno- del mismo instrumento. Así las cosas, se ordenó al Estado argentino pagar a los damnificados US$20.000 libres de impuestos en concepto de daño inmaterial y se dispuso una serie de medidas de reparación, tales como la publicación de la sentencia y su resumen oficial y adecuación del ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos sobre el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.[/privado]

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