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Crece la presión sobre el Gobierno nacional por más seguridad para jueces y fiscales de Santa Fe

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Durante el fin de semana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron judiciales de esa provincia que llevan causas por narcotráfico y les exigió a las administraciones local y federal que tomen cartas en el asunto. Lo mismo hizo un consejero de la magistratura de la Nación. El ministro Aníbal Fernández habría acusado recibo

Ante la escalada de la violencia en Santa Fe, durante el fin de semana la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron jueces y fiscales de esa provincia que llevan causas contra el narcotráfico y le reclamó a los gobiernos local y nacional que garanticen su seguridad.

“Instamos enérgicamente a las autoridades a que adopten todas las medidas conducentes no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores”, manifestó la entidad que preside Marcelo Gallo Tagle en un comunicado,

Cabe recordar que el jueves de la semana pasada el senador provincial Lisandro Enrico recibió una amenaza de muerte que incluyó al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; al juez federal y al fiscal de esa localidad, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, respectivamente, y a la agente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Susana Pepino.

Por el hecho ya se inició una causa judicial. “Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía la amenaza, que salió de un teléfono con característica de la ciudad de Trelew, Chubut.

Todo ocurrió en medio del agravamiento de la hostilidad vinculada al narcotráfico en Rosario, que ya motivó que el gobernador Omar Perotti relevara al ministro de Seguridad.

Ayer, la principal ciudad de la provincia de Santa Fe amaneció con la noticia de una nueva agresión: un sujeto a bordo de una moto baleó una sede de la Policía Comunitaria ubicada en el sur de la ciudad.

Todo sucedió durante la madrugada del lunes. En el lugar se encontraron tres vainas servidas, un cargador con municiones calibre 9 milímetros y una nota intimidante contra la Guardia Operativa de la Restitución del Orden, una unidad interna del Servicio Penitenciario provincial.

Atentado
El último atentado se produjo cinco días después de otro ataque a una dependencia estatal, el Centro Municipal del Distrito Sudoeste, un suceso que hice que dejara su cargo el ahora ex ministro local Rubén Rimoldi, a horas de una feroz balacera.

Ya con Claudio Brilloni -un comandante retirado de la Gendarmería Nacional – como nuevo titular de la cartera de Seguridad santafesina, el domingo, en la zona noroeste de Rosario, el bar “Club de Taquito” recibió disparos desde un auto. Murieron un policía y un familiar del dueño y tres personas sufrieron heridas (el propietario del local, un cliente y a una agente que hacía adicionales como custodia).

En la escena del doble homicidio se secuestraron 37 vainas servidas, por lo que se cree que se habría utilizado una ametralladora. Tres jóvenes (de 23, 27 y 34 años) quedaron detenidos por el hecho y se les secuestró documentación del uniformado asesinado.

El mismo día, tras reunirse con Brilloni, el intendente Pablo Javkin le exigió al Gobierno nacional que priorice a Rosario y dijo que era necesario recuperar territorio para que “la cárcel no domine la calle”.

Institucionalidad
“Los hechos son muy claros: hubo un desafío a la institucionalidad”, dijo el intendente. “Balear en bicicleta o caminando a una institución pública o a un lugar de concurrencia masiva, como un banco, habla demasiado”, sumó.

Luego, durante una entrevista radial, confirmó que dialogó con el presidente Alberto Fernández la semana pasada. En tanto, sobre la actitud del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, juzgó que “no sirve para nada”.

Cabe recordar que el alto funcionario tuvo una controversia con Perotti poco después de que había desvinculado a Rimoldi y al jefe de la Policía santafesina, Miguel Oliva, y había reclamado más apoyo del Gobierno nacional.

“Asombran las expresiones del gobernador Perotti, que echó al ministro de Seguridad y reclama ayuda urgente del Gobierno nacional”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Además, afirmó que la cartera que dirige “no dejó de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema”.

Descontrol
Ayer, en plena tensión en Rosario por la sucesión de episodios de tinte mafioso, Alberto Lugones, uno de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), le pidió al presidente del organismo y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que de “manera urgente” les solicite a las autoridades nacionales y de Santa Fe que se garantice la seguridad de los jueces y fiscales.

Lugones cursó su solicitud mediante una nota. Con un tono similar al documento que difundió la AMFJN, citó “la alarmante situación en materia de seguridad que atraviesa desde hace tiempo y con un dramático incremento la Provincia de Santa Fe”.

Bajo esa premisa, le pidió a Rosatti que intime a los funcionarios con responsabilidad sobre el flagelo que tomen cartas en el asunto.

“Se solicita que, de manera urgente, se efectúe una petición institucional a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar la debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales”, expuso.

Ante ello, Rosatti se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación y, según reportaron medios porteños, se comprometió a intensificar las medidas para proteger a los magistrados y fiscales de los juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Entrevistado por el portal Infobae, el juez federal Cuello Murúa, uno de los amenazados, declaró que el sábado recibió un llamado de Rosatti, quien le manifestó su apoyo personal y el de sus colegas de la Máxima Instancia. También destacó el acompañamiento del CMN.

Cambio cultural
En mayo de 2022, Rosario -que a esa altura del año ya sumaba 100 muertes vinculadas al narco- fue sede del debate sobre juzgamiento de hechos de narcotráfico que reunió a magistrados federales de todo el país.

El presidente de la Corte Suprema abrió el encuentro. “Voy a hablar de derecho, pero no sólo de derecho, porque para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y de una sociedad comprometida”, aseveró.

El magistrado enfatizó que la decisión política para combatir el flagelo no puede limitarse a la etapa anterior al delito ni a la represiva sino que “debe abarcar factores que son previos y exceden al derecho y al sistema de juzgamiento”.

En esa línea, ponderó que se debe comenzar “con el sistema cultural, educativo y económico”.

“Lo primero que hay que pensar, y sobre lo que hay que actuar, es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico”, señaló.

Rosatti opinó que ello no ocurrió en Argentina, o que no se hizo con la eficacia necesaria, y que por ello es imprescindible dar una “batalla cultural y educativa” que “reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo y que procure activamente la inclusión social”.

Estado cohesionado
En cuanto al Estado cohesionado, dijo que debe ser horizontal (entre los tres poderes) y vertical (Nación, provincias, CABA y municipios).

“Desde el punto de vista jurisdiccional, necesitamos tener una visión global compartida porque estamos transitando una etapa de heterogeneidad funcional”, manifestó, y recordó que en algunas provincias hay sistema acusatorio y en otras no, y que lo propio sucede con el desdoblamiento jurisdiccional entre narcomenudeo y crimen organizado.

“Frente a esta heterogeneidad, sea temporaria o sea definitiva -según el tema-, es imprescindible un tablero de control unificado que no nos conduzca hacia un hermetismo unitario sino hacia un federalismo inteligente”, ponderó.

“No creo que el federalismo sea un obstáculo; creo que es un aliado porque nos da pluralidad de actores y de posibles abordajes”, argementó, pero aclaró que ello se puede convertir en un problema si no actúan coordinadamente.

Entre otros pedidos, el ministro solicitó que se dejen de lados las declamaciones y se cubran las vacantes existentes “con los magistrados más idóneos y comprometidos”.

En otro tramo de su alocución, Rosatti les reclamó a los poderes públicos competentes que protejan a los jueces, a los fiscales y a sus familias. “Sabemos que la generación y administración del miedo, sumado a la infiltración en distintos sectores de la comunidad, constituyen estrategias propias del crimen organizado”, subrayó.

Paralelamente, estimó que ante el narcotráfico no hay neutralidad posible. “Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad”, disparó.

Política judicial
Antes, en una entrevista, Ricardo Lorenzetti criticó la política judicial del Gobierno nacional, en general, y fustigó el desempeño del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en particular. “No vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre”, dijo con relación al trabajo del funcionario.

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