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Entidades que nuclean a jueces fustigaron intención de enjuiciar a la Corte Suprema

Alberto Fernández. Dijo que “los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes”.
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Organizaciones internacionales de magistrados plantearon que el país atraviesa una crisis institucional. También apuntaron a la “creciente inseguridad jurídica” que generan los avances del Gobierno sobre la Justicia

Mientras el presidente Alberto Fernández sigue analizando el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que podría convocar en las próximas horas para iniciar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, varias organizaciones internacionales que nuclean a magistrados manifestaron su preocupación.

En distintos comunicados, reclamaron que se respete la división de poderes y la independencia de la Justicia. También hablaron de la “creciente inseguridad jurídica” que genera la agenda del oficialismo.

Bajo esa premisa, exhortaron a Fernández a reconsiderar su decisión de impulsar aquel proceso y le pidieron a los legisladores que no acompañen lo que definieron como un “intento de intimidar a miembros del Poder Judicial”, con motivo del fallo que dispuso el reintegro de la quita de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Comunicaciones privadas

La primera entidad que se posicionó fue la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ), el organismo internacional dedicado a “la búsqueda y apoyo de la legalidad”, constituido por magistrados de 18 países (de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y de la Península Ibérica), con sedes en Belo Horizonte (Brasil) y Asunción (Paraguay).

En el documento que difundió, la UIJ manifestó su “honda preocupación” por el impulso del Ejecutivo al juicio político a los ministros de la Máxima Instancia por el tenor de uno de sus decisorios.

“A la grave situación creada se suma que el proceso de destitución de los magistrados de la Corte se habría iniciado a partir del trascendido público del contenido de comunicaciones privadas entre personas obtenido de manera irregular”, agregó.

“El contenido de una sentencia judicial solo puede dar motivo a los mecanismos de revisión que el mismo sistema establece, pero no puede ser el argumento para emprender una persecución personal contra los magistrados que la suscriben”, concluyó.

Precedente

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) también manifestó su “profunda preocupación” frente a lo que descrió como “la grave crisis institucional” que atraviesa la Argentina.

En ese sentido, reseñó que el Presidente impulsa un juicio político por el contenido de una sentencia y estimó que ello “sienta un precedente muy peligroso para el futuro institucional de una República democrática”.

En otro tramo de su comunicado expuso que acciones como las que intentan motorizar Fernández, mandatarios provinciales y representantes del Legislativo generan “un daño irreparable en las instituciones”.

La organización -que funciona en San José de Costa Rica, reúne a jueces de 19 países de Latinoamérica y tiene entre sus objetivos “procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial como condición esencial de la función jurisdiccional”- añadió que su inquietud se agrava teniendo en cuenta que las intromisiones se repiten, afectando la la independencia de la magistratura y vulnerando la división de poderes.

“La gravedad de lo ocurrido se centra en el daño irreparable que se genera a todas las instituciones de la Nación, creando una creciente inseguridad jurídica, mellando la confianza que la ciudadanía debe tener en sus gobernantes”, acotó.

“La división de poderes y la independencia judicial establecidos en la Constitución Nacional deben asegurarse bajo cualquier circunstancia pues constituyen el pilar del Estado de Derecho”, recordó.

Además, precisó que según tiene dicho la Corte Interamericana de Justicia, los jueces cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo, con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad.

Estatuto Universal

La Unión Internacional de Magistrados (UIM), una organización profesional y apolítica fundada en 1953 que se divide en distintos grupos regionales y que, de acuerdo a su comunicado, reúne a asociaciones nacionales de jueces de 94 países con el fin de salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales”, también fustigó la agenda del oficialismo para la Justicia.

El Grupo Iberoamericano de la UIM, con sede en San Pablo, Brasil, valoró que las intenciones del jefe de Estado configuran “un intento de influir en decisiones jurisdiccionales por parte de agentes externos al Poder Judicial, representando una amenaza a la independencia judicial y un gran riesgo para el Estado Democrático de Derecho y, por lo tanto, para la democracia”.

Asimismo, el pronunciamiento recordó que según prevé el artículo 7-1 del Estatuto Universal del Juez adoptado por la UIM, salvo en caso de malicia o negligencia grave, constatados en una sentencia definitiva, no se puede entablar acción disciplinaria contra un magistrado como consecuencia de una interpretación de la ley o de la valoración de hechos o de la ponderación de pruebas.

En tanto, reiteró el “llamamiento al respeto de la división de poderes en todas las naciones” y exhortó al Presidente a reconsiderar su decisión.

Españoles

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una entidad que reúne a jueces españoles y está abocada a la defensa de la carrera judicial, comunicó desde Madrid “su apoyo a los jueces de Argentina en sus demandas legítimas para salvaguardar la independencia judicial”.

“Suscribimos íntegramente el contenido del comunicado realizado por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados -con referencia a la Carta Universal del Juez”, sumó.

Paralelamente, afirmó: “Resulta contrario a la salvaguarda de la independencia judicial calificar como falta disciplinaria el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de los tribunales ordinarios, por cuanto podría utilizarse para ejercer un control político sobre las decisiones judiciales o para presionar a los jueces con el fin de influir en sus decisiones, y serviría así para socavar la independencia de los tribunales en cuestión”.

Gobernadores

Luego de que trascendieron los comunicados de los grupos de jueces, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió a la iniciativa de la Casa Rosada y lamentó la falta de acompañamiento de algunos mandatarios provinciales.

“Yo trato de no involucrarme en las decisiones de otros colegas, pero la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza, hay que manifestarse contra la inequidad”, dijo en diálogo con la radio AM 750.

También apuntó directamente al fallo de la Corte por la coparticipación favorable a la CABA. “Adquiere cierta autonomía pero no es una provincia y sale un fallo antojadizo que convalida mayor inequidad de la que ya existe”, arguyó.

“Son 203 km2, tienen todas las calles pavimentadas, toda la red de gas, toda la red de fibra óptica, el mayor porcentaje de empleo formal y el mayor ingreso por habitante, todos los recursos van ahí. Y ahora la Corte quiere convalidar el aumento de coparticipación. Eso no puede ser aceptado por ningún gobernador de una provincia porque este es un tema tremendo en términos de agudización de las asimetrías del país”, juzgó.

Capitanich se mostró expectante ante la posible apertura de sesiones extraordinarias para el tratamiento del juicio político y adelantó que junto a sus aliados harán una presentación “con tipificación de mal desempeño en sus funciones” de los ministros de la Corte.

Además, dijo que documentarán “una multiplicidad de aspectos”, como el tema del Consejo de la Magistratura. En esa línea, fustigó que el máximo tribunal pusiera en vigencia “una ley derogada hace 16 años”.

También criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseveró que “miente sistemáticamente con las cifras” para “convalidar el fallo”.

Decreto

“El Presidente va a generar seguramente el decreto para la apertura de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados y en consecuencias esto habilita a que la Comisión de Juicio Político genere la agenda correspondiente para el inicio del proceso”, vaticinó en la misma entrevista.

El chaqueño fue uno de los 10 mandatarios provinciales que apoyó con su firma la iniciativa de Fernández. Los otros fueron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

En cuanto a Mariano Arcioni, de Chubut, en principio brindó su respaldo, pero finalmente no suscribió el documento.

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