ESCUCHAREn Brasil, el resultado de la primera vuelta electoral contradijo las conclusiones de las encuestas, que subestimaron el caudal de votos que, finalmente, logró el presidente en funciones y aspirante a la reelección Jair Bolsonaro y otros candidatos conservadores.
Ahora, a instancias de Bolsonaro, algunos líderes políticos brasileños buscan tipificar como delito las predicciones incorrectas de una elección.
La Cámara de Diputados, controlada por los aliados del jefe de Estado, aceleró un proyecto de ley para penalizar la publicación de una encuesta si se comprueba que el resultado estuvo fuera de su margen de error.
Aunque pase la instancia de Diputados, las posibilidades de que la propuesta se apruebe en el Senado, donde la oposición es mayoría, son poco probables.
No obstante, aquella y otras iniciativas para investigar a las encuestadoras por sus fallos de cálculo forman parte de una narrativa más amplia promovida por Bolsonaro y sus aliados, según la cual la clase política y la izquierda de Brasil tratan de amañar las elecciones en su contra.
El país se prepara para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y las encuestas siguen mostrando que Bolsonaro está rezagado detrás de su rival, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la contienda luce cerrada.
Bolsonaro tildó las encuestadoras de “mentirosas” y denunció que sus errores cambiaron hasta tres millones de votos a favor de Da Silva en la primera ronda. Bajo esa premisa, plantea que deben afrontar consecuencias.
La Asociación Brasileña de Empresas Encuestadoras declaró en un comunicado que estaba “ofendida” por los intentos de criminalizar las mediciones erróneas.
“Iniciar este tipo de investigación durante el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, cuando las encuestadoras están realizando su trabajo, demuestra otro intento flagrante de obstruir la investigación científica”, aseveró el grupo.
Agregó que su trabajo no es “predecir elecciones” sino brindar un panorama general de las intenciones de los electores.
Cabe recordar que el ministro de Justicia y Seguridad Pública le ordenó a la Policía Federal que abra una investigación contra las encuestadoras por los sondeos que hicieron antes de la primera vuelta.
Paralelamente, la Agencia Federal Antimonopolio inició pesquisas propias por presunta colusión.
Sin embargo, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), suspendió ambas medidas al estimar que ni la policía ni la agencia tienen jurisdicción.
Además, valoró que parecían cumplir órdenes políticas del presidente y, por eso, estableció que el TSE investigue si Bolsonaro trataba de usar de manera indebida su poder sobre las dependencias federales.
