ESCUCHARUn legislador oficialista presentó un proyecto para restablecer la Ley de Caducidad, que protegió a militares y policías que violaron derechos humanos durante la dictadura uruguaya. La Corte Interamericana ya había cuestionado la norma
Juristas uruguayos advirtieron de que el restablecimiento de la Ley de Caducidad supondría una violación del derecho internacional, un día después de que el senador de la coalición oficialista, general (retirado) Guido Manini Ríos, presentó un proyecto en el Congreso para reinstalar la norma que impidió durante años enjuiciar a militares y policías por su rol en la dictadura bajo la cual vivió el país vecino entre 1973 y 1985..
Especialistas en derechos humanos y constitucionalistas señalaron que, de aprobarse la propuesta hecha por Manini Ríos, el país “desacataría” la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso “Gelman”, que obligó a Uruguay a juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad por considerar que la normativa “carecía de efectos jurídicos”.
La denominada Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.
Con la llegada del izquierdista Frente Amplio al poder, en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, la sentencia de la CIDH permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años, como la del dictador Juan María Bordaberry.
Si bien la norma nunca fue anulada, la aprobación en 2011 de un proyecto de ley interpretativo de la Constitución determinó que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico uruguayo hasta 2013, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos de la polémica normativa.
Pero Manini Ríos, líder de la fuerza de derecha Cabildo Abierto, volvió a instalar la controversia en Uruguay con su propuesta, con la que pretende reinstalar la Ley de Caducidad para lograr “una pacificación definitiva”.
Aunque en sus dos primeros artículos el proyecto defiende el derecho de familiares a buscar los restos de desaparecidos y a percibir reparaciones, luego establece que el “proceso penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en la justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos en el sistema”.
Esto fue rechazado por el constitucionalista Martín Risso, quien recordó que los delitos de lesa humanidad “no prescriben”. También cuestionan un artículo del proyecto presentado, que señala que la “única fuente de derecho penal” es la ley uruguaya, lo cual atenta contra el derecho internacional.
En tanto, el profesor de derecho constitucional Eduardo Esteva precisó que, aun derogando la ley interpretativa de 2011, no se impediría el enjuiciamiento de violaciones ocurridas en la dictadura porque, según su parecer, los jueces podrían apelar a la sentencia de la CIDH por estar por encima de la Ley de Caducidad.
