Las tareas de los letrados incluyen representar a los uniformados en causas criminales por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y la asistencia a los sucesores de agentes caídos en servicio.
La Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, para crear un sistema de contención para el personal policial que en el ejercicio legítimo de sus funciones es objeto de procesos de tipo penal. Así, sancionó la ley 8844, que fue publicada el lunes en el Boletín Oficial de esa provincia.
La norma le agrega un nuevo inciso a la ley 6722, de Organización de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, creando la figura del “Defensor del Policía”.
Se tratará de abogados provistos por el Estado, que defenderán de manera gratuita a los agentes en causas criminales, contravencionales y de faltas que deriven de actos de servicio, llevados a cabo en cumplimiento de los deberes que pesan sobre los uniformados.
El patrocinio por parte de aquellos letrados no será obligatorio, ya que el agente podrá optar por contratar a un defensor particular.
Asimismo, la nueva legislación establece que la representación o asistencia cesará en caso de que así lo decida el defendido o representado o cuando el Estado provincial cuente con un informe fundado que lo determine.
Las tareas de los defensores de los policías no sólo se circunscriben a la asistencia en cuestiones penales, sino que también podrán patrocinar a los sucesores particulares de un agente caído en servicio.
La ley permite que aquéllos le soliciten al Ministerio de Seguridad local que designe de manera gratuita un abogado que los represente, bajo la figura de querellante particular, con las funciones y alcances que la ley procesal determina a tal efecto.