Empresa en quiebra continuará su explotación como cooperativa formada por sus trabajadores

El juez valoró los beneficios de la continuación de una actividad productiva de carácter esencial, como es la láctea, por quienes fueron sus dependientes y acreedores del concurso

En un caso que recuerda la historia reciente de nuestro diario, la Justicia con competencia en materia concursal de la ciudad de Paraná Provincia de Entre Ríos resolvió la continuación de la explotación de la fallida empresa láctea Cotapa SA a cargo de la Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda., formada por quienes eran sus trabajadores, y dispuso un plan de trabajo, con informes mensuales del síndico y un canon a pagar al concurso.

El 24 de octubre de 2022 se declaró la quiebra en cuestión y, al día siguiente, los miembros de una cooperativa de trabajo en formación denunciaron la existencia de un "Acuerdo transitorio de uso de instalaciones para elaboración y comercialización", alegando la existencia de procesos productivos en curso a fin de evitar los perjuicios de su interrupción.

El día 30 de ese mismo mes se presentó el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa de trabajo Cotapa Ltda., junto con otros funcionarios, a fin de acreditar su existencia y regularidad registral y tomar intervención en la causa. Asimismo, solicitaron la continuación de la actividad de la cooperativa y justificó su pedido en una serie de ventajas que la permanencia de la actividad productiva generaría, tanto para los trabajadores como para los acreedores.

El juez Ángel Luis Moia indicó que la cuestión a resolver era el pedido de continuación de la explotación y expuso que la cooperativa había celebrado con la fallida un acuerdo de explotación, por el cual la concursada reconocía la existencia de deudas laborales, la paralización de su actividad productiva y la autorización para que los trabajadores continuaran la producción.

Asimismo, el tribunal valoró que la industrialización de productos lácteos se encuentra en curso con un desempeño satisfactorio y que la sindicatura expresó su sorpresa y satisfacción con respecto al desempeño del personal y al estado de las instalaciones.

El tribunal evaluó que el texto vigente de la ley concursal prevé la evaluación del pedido de continuación de la explotación, distinguiendo según lo realice la misma fallida o lo realice otro sujeto, valorando en este caso que en los hechos ha existido una continuidad inmediata ante la nocividad de interrumpir el ciclo productivo en curso.

El fallo señaló que la posibilidad de continuar con la explotación económica constituye una excepción a la visión tradicional de la quiebra liquidativa, esencialmente pensada sobre la paralización de los activos del fallido con prescindencia de sus consecuencias en el plano de la conservación de la empresa en su integralidad, considerando al mundo del trabajo como una parte de ella.

Trascendencia

El magistrado indicó que tampoco puede pasarse por alto la trascendencia social de la explotación industrial, siendo que la fallida elaboraba productos lácteos con una profunda tradición en nuestro medio, agregando que -si bien en la audiencia se manifestó que se mantienen las producciones básicas de leche, tanto fluida como en polvo- se plantearon perspectivas atendibles de volver al mercado de los yogures, tratándose de la producción de alimentos básicos, de consumo masivo, cuya permanencia significa una utilidad social valorable.

Además, se valoró que los proveedores de materia prima son, esencialmente, pequeños productores que encuentran en esta factoría un medio para colocar su producción, facilitando su inserción en el mercado lácteo, en momentos de una dura crisis para el sector.

Para el tribunal, un punto de especial consideración en cuanto a la valoración del plan de trabajo, es la justificación de su financiamiento, en el cual se consigna la gestión de un préstamo intercooperativo y la postulación para obtener los beneficios del Programa de reactivación y desarrollo productivo (Redeco) y el Programa Nacional de Agregado de Valor para Cooperativas Agroindustriales (CoopAr).

Asimismo, se remarcó que el plan de trabajo presentado, valorado con los elementos que se cuentan en esta primera etapa del proceso, ha sido favorablemente acogido por la sindicatura, por lo que el juez estimó prudente fijar la continuación por el plazo de dos años, sujeto a las vicisitudes propias del trámite falencial, lo que permitirá su abreviación excepcional o su extensión según la valoración de la situación, encontrando razonable los montos fijados por la sindicatura como cánones a pagar por el uso de los bienes de la fallida.

Detalles

En el resuelvo, el tribunal aprobó la continuidad por ese tiempo, sujeto a caducidad según el avance de la liquidación falencial, fijándose como monto por la utilización de los bienes de la fallida durante el primer año cinco por ciento de los ingresos por ventas, con un importe mínimo de $200 mil durante los primeros tres meses y por los nueve meses siguientes 10% de los ingresos por ventas, con un importe mínimo de $300 mil.

A su vez se ordenó la obligación de la cooperativa de trabajo de contratar a su cargo los suministros necesarios para el funcionamiento de la actividad y de contratar un seguro contra incendios, acreditándolo dentro de los 30 días de notificada la sentencia y mantener un servicio de vigilancia permanente de las instalaciones de la fallida y garantizar el aseguramiento de los asociados con respecto a los riesgos de la actividad que se continúa.

Finalmente, se estableció que la sindicatura deberá presentar informes mensuales sobre el estado de situación de la actividad y de la ejecución del plan de trabajos presentado por la cooperativa.