El Juzgado en lo Contencioso-administrativo número 1 de la localidad de Trenque Lauquen condenó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses SA a ajustar la prestación del servicio público del agua potable de la localidad de Carlos Casares a los parámetros de calidad vigentes con respecto al contenido de arsénico y aluminio.
A tal fin, el Estado provincial y la firma cuentan con un plazo de 90 días corridos. El juez Pablo Germain hizo lugar a la acción de amparo promovida por un grupo de vecinos de aquella localidad, quienes reclamaron que se asegurara que el agua que consumen es potable. Además, requirió que en tres meses las demandadas presenten un programa planificado de adecuación a los requerimientos tecnológicos necesarios para asegurar condiciones óptimas de prestación del servicio.
En su fallo, Germain aseguró que de la prueba documental obrante en la causa y del informe producido por la Comisión Municipal de Control de Calidad de Agua -que realizó un seguimiento y evaluación permanente del servicio- surgía que el nivel de arsénico y de aluminio en el agua de red superó los parámetros máximos permitidos por el sistema jurídico vigente.
El dato se obtuvo de varias muestras extraídas en los domicilios de diferentes vecinos, las cuales fueron analizadas por distintos organismos y laboratorios.
Asimismo, el juez afirmó que los actores, al ser residentes estables de la ciudad de Carlos Casares, contaban con legitimación suficiente en materia de prevención de sus derechos ambientales.
