ESCUCHARSe trata de Ernesto Martín Morales, quien fue cesanteado de su cargo el año pasado luego de una investigación administrativa. Ahora irá a debate oral por el trato vejatorio y humillante que daba a las empleadas de su unidad judicial
El fiscal del Distrito 4 Turno 3 de Córdoba, Juan Pablo Klinger, envió a juicio al ahora ex ayudante fiscal Ernesto Martín Morales, quien fue cesanteado de su cargo el año pasado acusado de violencia laboral y sexual.
Morales -quien se desempeñaba en la Unidad Judicial N° 21 de barrio Los Naranjos- fue denunciado en 2019 por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) y, tras una investigación administrativa, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo apartó de su cargo.
En la investigación penal, que se inició con la denuncia de dos empleadas judiciales, el fiscal señaló que el acusado ejerció un “trato vejatorio y humillante que atentaba contra la dignidad de los empleados y empleadas” que tenía a cargo. Destacó que efectuó “comentarios sexualizados y ridiculizantes sobre el cuerpo de las empleadas llamándolas, por ejemplo, ‘gorda c…”
Según los testimonios recabados, constituía una práctica habitual que el funcionario judicial utilizara apodos para referirse a las empleadas de la unidad judicial, e incluso llegó “a tomarlas de la cintura o meter su mano por debajo de la remera de alguna de ellas”.
Entre las prácticas habituales, se denunció que Morales suministraba a las empleadas la clave de acceso al SAC (Sistema de Acceso de Causas) si accedían a sentarse en sus piernas. Se reportó también en aquel momento que aquellas mujeres que no accedían a sus imposiciones sufrían sanciones como cambios de turno o trabajo durante los fines de semana.
Mientras todos estos hechos ocurrían, las empleadas sufrían amenazas del ahora ex funcionario judicial. De la instrucción surge que les decía: “Ustedes van a hablar a Recursos Humanos y yo me entero antes de que lleguen”; o “yo soy el dueño de la unidad judicial”.
Deber profesional
Durante la instrucción, más allá de los peritajes de los forenses del Poder Judicial, se logró que ambas víctimas relevaran a sus terapeutas del deber de secreto profesional y, por esto, pudieron prestar declaración en el expediente.
Los profesionales coincidieron con los peritos de tribunales sobre el trauma que Morales les provocó a las empleadas.
Así las cosas, Klinger concluyó que el acusado debía ser imputado como autor de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género, reiteradas.
Otras acusaciones
Durante el sumario, Morales también fue acusado de no haber asegurado la cadena de custodia y conservación de distintas armas de fuego y réplicas secuestradas por el Poder Judicial en distintos procesos judiciales.
Las armas fueron encontradas en un armario de chapa -sin medidas de seguridad- en el despacho de él, en una caja de cartón sin tapa, junto a elementos de limpieza y varios paquetes de bolsas de residuos.
Al resolver la cesantía de Morales, el TSJ reflexionó: “Esta Administración no se cimienta sólo en la concreta actividad judicial o técnica propia de los cometidos específicos de los funcionarios o empleados sino también en el correcto obrar de sus integrantes, el cual trasciende del ámbito funcional y debe ser acorde a los principios éticos que la sociedad exige”.
