El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba modificó la tasa de interés para el fuero Laboral

Desde el pasado 1 de enero, el caso “Seren” desplaza a la causa “Hernández” como parámetro para el cálculo, ya que el índice inflacionario interanual llegó a tres dígitos

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación presentada por la parte actora y modificó el criterio judicial para la fijación de la tasa de interés de el caso “Hernandez”, que establecía intereses en la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central en dos por ciento mensual nominal, y lo aumentó a tres por ciento mensual nominal desde el pasado 1 de enero.

El Alto Cuerpo integrado por Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel, tras evaluar la cuestión, indicó que el planteo casacionista proponía la revisión de la tasa de interés judicial utilizada por la Sala Laboral desde el año 2002, dado el momento crítico de la economía del país, situación que se vincula fuertemente con su determinación.

Así las cosas, se consideró que si los intereses moratorios procuran resarcir al acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación, en épocas de inestabilidad económica esa demora adquiere particular impacto, tanto por sus consecuencias sobre el crédito laboral como por la incidencia que, con alguna probabilidad, podría haber tenido en la mora del deudor.

En ese sentido, el TSJ precisó que los datos elaborados por el Indec “confirman la realidad vivenciada por cada ciudadano siendo público que la inflación mantiene un ritmo ascendente debido a que, según los últimos registros oficiales divulgados, la variación interanual se aceleró hasta coronar el 113,4%, mientras que la variación acumulada -desde el 01/01/2023- se ubicó en el 60,2% (cfr. Indec, Informe Técnico, V. 7, Nº 163, julio de 2023)”.

Por lo expuesto, el fallo sostuvo que contextos económicos similares al que informa la realidad actual “son los que desde antaño provocaron la intervención excepcional de esta Sala en la fijación de la tasa de interés de uso judicial, aun cuando se trata de materia cuya determinación pertenece al marco discrecional de los jueces de la causa”.

El pronunciamiento destacó que ello se ha justificado en la función unificadora puesta en acto para solventar las disímiles soluciones alcanzadas por los tribunales y, bajo esas perspectivas, señaló que no debe soslayarse que se trata del reconocimiento de créditos laborales, “cuyo carácter asistencial impone que el incumplimiento de pago deba ser observado con mayor rigor en protección de la parte más débil y vulnerable”.

La decisión subrayó que la renuencia patronal en el abono de las obligaciones de índole alimentaria “lleva a la ausencia de ingresos y a la imposibilidad de satisfacer las necesidades primarias del trabajador o de la trabajadora (y de su núcleo familiar); quienes -en no pocos casos- deben recurrir al crédito ya sea bancario, en financieras o a través de particulares, con el consiguiente costo”.

Al mismo tiempo, el TSJ resaltó que el riesgo de colapso de pequeñas y medianas empresas implica, paradójicamente, mayor vulnerabilidad para el sector asalariado, como las que tienen para acceder al crédito.

En tal sentido, se indicó que la reflexión sobre la eventual eficacia de las tasas de interés para conformar los montos de condena debe examinar imprescindiblemente el real impacto sobre la deuda, para evitar que agudice aquellos dilemas con los que arriban las partes en conflicto.

En consecuencia, el pronunciamiento consideró que las circunstancias apuntadas con antelación tornan prudente ratificar la permanencia de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central como variable que refleja las fluctuaciones del costo monetario (cfr. “Hernández c/ Matricería Austral”) con más dos por ciento mensual nominal hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, también se sostuvo que -tal como se mencionó- desde el 1 de enero pasado corresponde incrementar dicho componente fijo a tres por ciento nominal mensual, en razón de que -a partir de esa fecha- las mencionadas fluctuaciones registraron tal magnitud en su variación acumulada que ponen en evidencia una aceleración notable con relación a los guarismos informados en el año precedente.

Incidencia

En esa dirección, el TSJ puntualizó que la incidencia interanual de la inflación se incrementó hasta alcanzar tres dígitos mientras que el porcentaje de la acumulación -en lo que va de este año- se acrecentó notablemente.

Sentado ello, el Alto Cuerpo sostuvo que la solución propiciada en materia de intereses moratorios fijados judicialmente asume carácter provisional ante el hecho notorio de que los factores económicos no permanecen estáticos.

Asimismo, se aclaró que la decisión no resulta aplicable a los supuestos en los que la tasa de interés se encuentra legal o convencionalmente establecida (cfr. art. 768, incs. a y b, CCCN).

En tales condiciones, el fallo resolvió que corresponde anular el decisorio en el aspecto de que se trata y, entrando al fondo del asunto, establecer los intereses en la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central con más dos por ciento mensual nominal hasta el 31 de diciembre de 2022, y desde el 1 de enero pasado, incrementar dicho componente fijo a tres por ciento nominal mensual hasta el efectivo pago.