Con la Resolución 1092/24, el Ejecutivo oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo propio hizo con la pensión que recibe como viuda del también ex jefe de Estado, Néstor Kirchner.
Al justificar su decisión, el Gobierno recordó que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la encausada (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y planteó que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas” devienen “jurídicamente incompatibles” para quien delinquió en perjuicio del estado en ejercicio de la misma función pública por la cual accedió a aquéllas.
Sumó que “una particular circunstancia” que le otorga legitimidad de percepción a los beneficiarios “viene dada por ciertas conductas” que tienen que acreditar en el ejercicio de altas funciones en la Administración Pública, y aclaró que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio.
Mariano de los Heros, titular de la ANSES, justificó la medida y reveló la ex presidenta cobraba un suplemento por zona austral porque su domicilio declarado es Río Gallegos, Santa Cruz.
Precisó además que el monto total que percibía ascendía a $35.255.257,72.
En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó: “¿De qué jubilación me están hablando? Esta señora estaba cobrando $35.255.257,72. Presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos y se le paga por esa razón un suplemento por zona austral que entre las dos asignaciones sumaban $6.354.523″.
Según De los Heros, se trata de un derecho condicionado. “Hay un derecho adquirido en la medida que se mantengan las condiciones que le dieron origen”, postuló, y planteó que la ex jefa de Estado perdió la “dignidad de la investidura” cuando fue condenada.
También destacó que el eventual recurso extraordinario que podría interponer no afecta la validez de la medida. “El eventual recurso extraordinario no es una tercera instancia, lo tiene dicho la Corte un millón de veces”, subrayó.
Además, insistió con no se trata de una jubilación o pensión, sino de una asignación graciable que no tienen carácter contributivo. “No son prestaciones previsionales”, recalcó.
De los Heros recordó que el monto total que cobraba la ex vicepresidenta equivalía a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo (AUH) o 21 jubilaciones máximas. “La responsabilidad del presidente de la Nación, de la ministra Sandra Pettovello y mía es una responsabilidad de equidad. Permitir que esto siguiera sucediendo era de una inequidad absoluta”, señaló, y enmarcó la decisión en lo que definió como “un esfuerzo más amplio” por erradicar prácticas que consideró inmorales.
El director ejecutivo de la ANSES se mostró optimista respecto a un aval de la Justicia para la medida del Gobierno. “Los fundamentos legales están todos debidamente expuestos. Puede ser revisado judicialmente, pero creo que hay un cambio cultural que está llegando a la Justicia, y tengo la esperanza de que esta vez esté a la altura de la circunstancia”, aseveró.