El ejercicio fiscal en EEUU comienza el 1º de octubre de cada año y se extiende hasta el 30 de septiembre del siguiente. En consecuencia, al hacerse cargo de la primera magistratura, el 20 de enero ya había transcurrido casi un tercio del que elaboró y puso en funcionamiento la Administración Bush.
El citado instrumento es muy valorado e insume un proceso de trece meses que se inicia en la Oficina de Gestión y Presupuesto, organismo que depende directamente de la Presidencia. Es tan grande su poder, que quien la dirige, pese a ser poco conocido, es el tercero en la jerarquía de los que ejercen el poder económico en el ámbito del sector público. Las facultades son muy amplias y su director puede recortar las partidas cuando considere que son excesivas y que pueden llegar a superar las previsiones, aunque hayan sido autorizadas por la respectiva ley. Hubo casos en que ello lo enfrentó con el titular del PE y se debió apelar a un fallo de la Corte Suprema para dirimir competencia y criterios.
En el seno de esa repartición, luego de requerir y examinar la información de todos los ministerios y dependencias que constituyen el aparato estatal federal, se confecciona desde septiembre en adelante el primer proyecto. Después de tres meses de intenso trabajo, deben elevarlo al Presidente para su estudio y posterior envío, a fines de febrero, en procura de su consideración parlamentaria. De inmediato es girado a las comisiones especializadas que en forma conjunta con los funcionarios de la Oficina de Gestión y Presupuesto, trabajan con el objeto de que ambas Cámaras lo evalúen y aprueben, convirtiéndolo en ley. Es costumbre cumplir la parte final de este trámite luego de transcurrir algunos días de iniciado octubre, pues esperan hasta último momento por si fuera indispensable introducir alguna modificación.
Junto con la referida documentación, es obligación agregar un mensaje, no sólo explicativo de su contenido sino que incluya una proyección plurianual de la evolución prevista para el conjunto de la economía y de los resultados que calculan arrojará el sector público. Por lo tanto, con bastante premura, los nuevos funcionarios que acompañan a Barack Obama debieron sumergirse en su análisis para poder cumplir en tiempo los requisitos exigidos.
Los números son patéticos y marcan la enorme gravedad del momento que se vive. Dado que en ese caso lo que está en consideración son las cuentas del ejercicio que se iniciará recién en el próximo mes de octubre de 2009, por esa vía se puede colegir cuál es el pronóstico “in péctore” del flamante equipo de gobierno. El total de gastos asciende a US$ 3.55 billones que equivalen al 25.7% del PBI -el índice más alto de los últimos treinta años-, mientras que el déficit trepa a nada menos que US$ 1.17 billones. Obama en su exposición fijó como objetivo para 2013 -cuando venza su mandato- reducir a un tercio dicho importe. En forma indirecta, tales metas implican que la situación vigente se extenderá más allá de fines de 2010 y que el anhelado punto de inflexión, como mínimo, se ubicaría a mediados de 2011. Es obvio que en tales condiciones seguirá creciendo la deuda pública estadounidense que ya ronda los US$ 10.7 billones y que, según los cálculos señalados, puede trepar a más del 80% del PBI.
Las opciones estratégicas
Si se tiene en cuenta que la Unión Europea ha establecido una relación de 60% como límite de lo prud