ESCUCHAREl gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio, sancionado en 2014, que atribuye la misión de investigar a los fiscales y reduce el rol de los jueces a controlar las garantías en la tramitación de la causa.
El decreto le quita a una Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo código la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema, que hoy se aplica en sólo algunas provincias.
Esa facultad pasó ahora, por el DNU, a manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
“El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”, celebró la cartera de Justicia mediante un documento.
La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019 pero, según el Ministerio, “luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”.
“El estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente”, justificó el DNU en sus considerandos.
El decreto describe que coexisten actualmente dos sistemas procesales y cuestiona que “la duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”.
Ello, añade el DNU en sus considerandos, “ocasiona problemas operativos que afectan el desarrollo de las investigaciones y genera complicaciones en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal que entiende de los recursos aplicando dos códigos diferentes”.
“El estancamiento reseñado impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal. (…) La parálisis dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito. Además, la falta de implementación del sistema acusatorio frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal”, resume el decreto.
El Ministerio de Justicia anuncio que la nueva modalidad de implementación del Código estará coordinada con la Corte Suprema el Poder Judicial, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados.
“Se hará el mayor esfuerzo tendente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno”, resumió el documento.
