ESCUCHARSeguirá en su despacho y tiene 20 días para definir su estrategia defensiva. El representante del PRO pidió que fuera suspendido.
En el Consejo de la Magistratura, la mayoría kirchnerista definió que el juez Norberto Oyarbide sólo deberá presentar un descargo para dar explicaciones sobre su decisión de suspender el allanamiento a una financiera, en el marco de una causa por lavado de dinero, tras recibir un llamado de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Ahora, gracias al respaldo de los consejeros Julián Álvarez, Eduardo de Pedro, Carlos Moreno, Manuel Urriza y Aída Iturrez de Cappellini, el magistrado tendrá la posibilidad -no la obligación- de explicar su actitud ante los encargados de definir si debe ser enjuiciado. Los consejeros de la UCR querían que el magistrado se presentara a declarar ante la Comisión de Disciplina como acusado, y Alejandro Fargosi, del PRO, pidió que fuera suspendido.
Sin embargo, con las voluntades que sumó el oficialismo, Oyarbide seguirá en su cargo y tendrá 20 días para definir su estrategia defensiva.
En la votación -de la cual no participaron el representante de los jueces, Ricardo Recondo, quien estuvo ausente ni el presidente del cuerpo, Mario Fera, quien se abstuvo- el senador y consejero radical Mario Cimadevilla acusó a sus pares del oficialismo de encubrir al juez. “No somos una vergüenza como ustedes”, dijo en plena sesión. Además, pidió que se agreguen al expediente los cruces telefónicos entre Liuzzi y Oyarbide.
Antes de que comenzara la reunión, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) manifestó su preocupación por la revelación del magistrado sobre el llamado que recibió del Gobierno. “Independientemente de que debe saberse de qué modo y por qué la noticia de la supuesta irregularidad llegó a la Secretaría Legal y Técnica, ajena al proceso, el juez debió haberse asegurado de que el allanamiento se concretara”, indicó, añadiendo que, en todo caso, debió iniciar de oficio la causa por el delito denunciado; es decir, el presunto pedido de coimas de los policías.
La semana pasada llegó al Consejo de la Magistratura el sumario en el cual Oyarbide reconoció que paró un allanamiento tras el llamado del funcionario del Poder Ejecutivo.
El 19 de diciembre de 2013 personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (Difoc) se presentó en las oficinas de la Asociación Mutual Propyme. Según denunció el dueño de la firma, los agentes le pidieron dinero a cambio de no concretar la medida. Además, narró que -tras discusiones y reuniones entre ellos- Oyarbide llamó y suspendió el operativo.
A partir de esa situación la Cámara Federal porteña inició un sumario interno y, en ese marco, el juez confirmó los dichos del denunciante.
