ESCUCHAREl magistrado -quien quedó a cargo del caso por sorteo- deberá establecer si es inconstitucional la imposición de que el jefe de los fiscales sea removido con ese mecanismo
El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso-administrativo Federal Número 9, Pablo Cayssials, deberá decidir si corresponde o no que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea sometida a juicio político.
Cayssials quedó a cargo del expediente por sorteo, ya que su colega Eduardo Marinelli fue recusado “sin causa” por el letrado de la jefa de los fiscales, León Arslanian.
El caso fue promovido hace tres meses por la ONG Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las actoras demandaron al Estado Nacional y reclamaron que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27148), por medio de la cual se establece el procedimiento del juicio político como mecanismo para remover al titular de la Procuraduría. Luego, el ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, se sumó al pedido.
En su planteo, las organizaciones señalaron que el mecanismo contemplado en aquella normativa (que necesitaría de la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional) les cabe a presidentes, vicepresidentes, ministros y jueces de la Corte Suprema, y alegaron que, como Gils Carbó no se encuentra en ninguna de esas categorías, en teoría no sería necesario pasar por ese proceso.
Además, según Guillermo Lipera, presidente del colegio, la mentada mayoría violenta el orden inconstitucional y es “un privilegio”, ya que no le correspondería a otro funcionario similar.
Reforma judicial
El junio de 2013, Cayssials fue uno de los tantos magistrados que intervino en las demandas en contra de la fallida “reforma judicial” impulsada por el kirchnerismo. Concretamente, se pronunció en contra de la ley que modificaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
En tanto, en abril de 2014, desestimó el amparo iniciado por el fiscal José María Campagnoli por su suspensión, al considerar que esa acción no era la vía válida para resolver el pedido del agente, así como tampoco la oportunidad, por no tratarse de cuestionamientos a una resolución de fondo.
En febrero de 2015, como medida cautelar, fue el magistrado que suspendió la resolución 1121/14 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del Grupo Clarín, admitiendo el pedido de los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Indagatoria
La semana pasada, la procuradora enfrentó su primera indagatoria, en la investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de fraude en contra de la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 -en la Capital Federal- por más de 43 millones de pesos. Hasta ese momento solo había declarado, como testigo, en la causa por la muerte de su subordinado Alberto Nisman.
Ante el juez Julián Ercolini, la funcionaria apuntó contra el subdirector general de la repartición a su cargo, Guillermo Bellingi. Según el fiscal Eduardo Taiano, ambos funcionarios diagramaron un “complejo entramado” para adquirir el inmueble.
Bellingi fue el encargado de la licitación y era considerado como la “mano derecha” de Gils Carbó en la procuración. Pese a que fue desplazado de su cargo, fue reincorporado tiempo después, en un puesto de escasa importancia.
