ESCUCHARLa jueza cumplió 75 años, sin contar con aval del Senado para seguir en su cargo. Pese a lo que indican la Constitución Nacional, así como leyes y reglamentos, el secretario de Justicia Mena le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que se suspendan definiciones sobre la continuidad de la funcionaria
A partir del jueves 10 de agosto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) quedó a cargo de Mariano Borinsky, quien era vicepresidente.
La titular del tribunal, Ana María Figueroa, cumplió 75 años el miércoles 9, con el pliego que le hubiera permitido seguir ocupando su sillón sin tratamiento por parte del Senado.
Hace una semana, Figueroa anunció que cesaría en su función como cabeza del tribunal y que no firmaría sentencias a la espera de que la Cámara Baja decidiera si su carrera sigue cinco años más.
El artículo 2 del reglamento de la CFCP establece que elegirá a su presidente antes del 20 de diciembre de cada año observando el orden de ingreso; que el ejercicio del cargo empezará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año (sin tener en cuenta para la elección que el electo haya ejercido la presidencia con carácter interino, o en reemplazo por licencia o acefalía).
Asimismo determina que, de la misma forma, serán designados los vicepresidentes primero y segundo, quienes desempeñarán, en ese orden, las funciones del presidente en caso de licencia o acefalía.
En tanto, el artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación estipula que, salvo cuestiones unipersonales, en las causas intervendrán tres jueces, no obstante lo cual “se podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos”.
En cuanto a las atribuciones del Presidente de la Nación, el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su artículo 4, señala que un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, “será necesario para mantener en el cargo” a los magistrados “una vez que cumplan la edad de 75 años”.
Nada dice sobre el trámite parlamentario o su duración.
En tanto, la resolución E 521/2017 del Ministerio de Justicia establece en su artículo 6 que, si el Senado no prestara el acuerdo necesario en forma expresa, o no lo hiciera a la fecha que el magistrado en cuestión llega a los 75 años de edad, la cartera notificará al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General o a la Defensoría General de la Nación -según el caso- a fin de que “se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante”.
Un año después, en la resolución 511/2018, el Consejo de la Magistratura dispuso que aquella manda es de “plena aplicación para los jueces en ejercicio de su función”.
Figueroa fue elegida presidente de la Máxima Instancia Penal del país en diciembre pasado, en reemplazo de Alejandro Slokar.
Junto a Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, tuvo en sus manos decidir si se mantiene o no el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en las causas unificadas Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, que cerró el Tribunal Oral Federal 5.
También intervino en el expediente por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.
Cercana al oficialismo, fue electa por mayoría en un acuerdo general. No la acompañaron los jueces Barroetaveña, Carlos Mahiques ni Guillermo Yacobucci.
Figueroa -ex asesora de la Secretaría de Derechos Humanos- fue nombrada en la Casación por Fernández de Kirchner. Llegó allí sin antecedentes en tribunales.
La oposición no dio quorum para analizar su situación porque entiende que la insistencia del oficialismo en su permanencia se enmarca en maniobras para garantizar impunidad a la ex presidente.
Sin precedentes
La semana pasada, con Borinsky ya encabezando la Máxima Instancia en lo Penal federal, la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (Rejia) criticó a Figueroa por no renunciar y le pidió al Consejo de la Magistratura que convoque al concurso público para cubrir su lugar.
En un comunicado, manifestó que debió dimitir al cumplir la edad límite, tal como estipula la Carta Magna.
La Rejia repudió la actitud de la funcionaria y expresó su preocupación por lo que definió como una “circunstancia sin precedentes”.
La red explicó los alcances del artículo 99 de la Constitución y su ratificación, en 2017, por parte de la Corte, con el fallo “Schiffrin”.
Según el grupo, la Constitución es clara y enfatizó que -sin un nuevo acuerdo de la Cámara Alta- los jueces cesan en sus funciones al llegar a los 75 años de edad.
En ese contexto, la consejera Jimena de la Torre pidió que el cargo de Figueroa sea cubierto y que se convoque al concurso de rigor.
Lo hizo en dos presentaciones, una a Rosatti y otra a Fernanda Vázquez, la titular de la Comisión de Selección de Magistrados del consejo.
La abogada citó las resoluciones del Ministerio de Justicia que marcan los pasos a seguir cuando el Senado no presta acuerdo a la fecha que un magistrado llega a los 75.
En tanto, el ex ministro de Justicia Germán Garavano objetó la posición de la funcionaria,
En diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que la Corte estableció que cuando un juez cumple 75 años, si no tiene acuerdo, deja de ser juez.
Bajo esa premisa, consideró que Figueroa no podrá evitar la jubilación.
Bloque Constitucional
También la semana pasada, la jueza fue denunciada penalmente por no renunciar.
La agrupación de abogados Bloque Constitucional sostiene que incurrió en incumplimiento de deberes, denegación de justicia y usurpación de autoridad.
Reseñó que Figueroa pretende mantenerse en el cargo porque su pliego tienen dictamen, pero recordó que no logró acuerdo del Senado antes de llegar al límite etario.
También, que invocó una resolución del Consejo de la Magistratura de 2017 que no tiene vigencia respecto de su situación, la 521/17, que se dictó para adecuar la situación de los jueces que ya habían cumplido 75 al tiempo del precedente “Schiffrin”, que estableció que podían continuar provisoriamente hasta que el Senado resolviera y antes del cierre de las sesiones ordinarias correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo.
Los denunciantes de Figueroa -José Lucas Magioncalda, Pedro Pusineri, Juan Manuel Otegui y Juan Martín Fazio- plantearon: “Es deber de un magistrado conocer, participar de audiencias, acuerdos, fallar, fundar y, por supuesto, firmar todos los actos jurisdiccionales de la función que tiene a cargo. El ejercicio de la jurisdicción de la que son investidos los magistrados no es facultativo, sino un deber. No cabe la posibilidad legal de ejercer la jurisdicción a medias, y la omisión arbitraria, total o parcial, de su ejercicio configuraría un incumplimiento de deberes de la función pública a la cual los magistrados son llamados”.
Comunicado
La jueza se aferró a su puesto con el planteo de que su pliego ya tenía dictamen.
Luego del comunicado de la Rejia y horas antes de ser denunciada, Figueroa le cursó una nota a Rosatti para informarle que estaba a la espera de que el Senado terminara el trámite iniciado para su continuidad.
Agregó que se cumplió con la audiencia pública y que la Comisión de Acuerdos aprobó el dictamen.
Por medio del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el Gobierno cerró posición con la magistrada y le pidió a Rosatti que el Consejo de la Magistratura frenara cualquier decisión sobre su continuidad.
Mena tomó la línea argumental de la camarista y citó que la gestión iniciada en el Ejecutivo para que siga cinco años más tiene trámite parlamentario.
Trámite
Lo que el organismo encargado de designar y remover jueces deberá resolver es si el trámite vale, una vez que un juez cumplió 75 sin acuerdo.
Para Figueroa y el oficialismo, hay que esperar que termine el año parlamentario.
Cabe resaltar que cinco integrantes de la Casación reunidos en acuerdo de superintendencia ya notificaron a Rosatti sobre el límite al que llegó su colega “sin un nuevo nombramiento” y advirtieron que se trata de una situación que “podría devenir en el cese de sus funciones”.
Para diferenciar la situación de Figueroa con la de otros jueces, como la del también integrante de Casación Eduardo Righi, quien -según el presidente Alberto Fernández- cesó el día en que cumplió 75 años, Mena afirmó que el Poder Ejecutivo decidió, en el marco de sus atribuciones constitucionales, no enviar el pliego correspondiente al Senado.
Citó además antecedentes de magistrados que pudieron continuar en funciones mientras se aprobaba su pliego: los de Silvia Mora, Juan Carlos Bonzón y Luis Alberto Imas.
Schiffrin
En el fallo que protagonizó el juez Leopoldo Schiffrin, la Corte determinó que, a los 75 años y sin aval del Senado, tenía que jubilarse, con base en el artículo 99 de la Constitución.
En aquel momento, por cantidad de casos que similares, el Consejo de la Magistratura reglamentó excepciones en 2017 (por ejemplo, para los magistrados que tenían un fallo que les permitía seguir en el cargo o que aguardaban una respuesta en el Senado), que quedaron si efecto en 2018.
