ESCUCHARA través del decreto 696/24, el Gobierno nacional oficializó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Antes de la publicación de la manda, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el organismo dejaría de funcionar definitivamente. “Faltaba su muerte administrativa”, dijo.
El Poder Ejecutivo transfirió la totalidad de los recursos materiales y financieros del ahora extinto INADI al Ministerio de Justicia, que a partir de ahora tendrá a su cargo la elaboración y ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Con respecto al personal del INADI, se dispuso que los empleados alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones del artículo 11 del anexo de la Ley 25.164 y sus modificatorias.
El proceso de cierre del instituto comenzó en febrero pasado, cuando Adorni lo comunicó afirmando que “uno de los ideales” del presidente Javier Milei era “la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”.
“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”, sostuvo Adorni.
Según explicó el vocero, el organismo tenía más de 400 empleados y oficinas en todo el país. “No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz, y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
Luego, se conocieron los detalles de la decisión a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, que precisó que el INADI contaba con una “superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”. La cartera detalló que tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución.
Decreto
El decreto 696 indica que la eliminación se debe a la decisión de suprimir dependencias de diferentes organismos “con estructuras superpobladas que no cumplían con las funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fueron creados”.
En sus considerandos, puntualiza que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional del INADI”.
En línea con los argumentos utilizados por el Gobierno, el decreto menciona que el organismo contaba con 431 agentes activos al momento de asumir la actual gestión, distribuidos en 44 sedes, entre delegaciones y subdelegaciones, “sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores”.
