El ministro de Justicia aseguró que en los próximos meses se enviará una iniciativa al Congreso, que pone énfasis en el abordaje temprano de la problemática. En un primer momento, se anunció que el tema iba a tratarse el año que viene
En enero comenzaron las “rondas de debate” para analizar la posible reforma del régimen penal de menores y, si bien el Gobierno sostuvo en un primer momento que enviaría un proyecto de ley al Congreso Nacional recién en 2018, anunció que lo hará en los próximos meses.
El tema volvió a la agenda en diciembre, luego del crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, cometido por un menor de 15 años. Éste actualmente reside en Perú, con sus abuelos, por orden judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que, con base en los consensos a los que se llegó en las “mesas” -de las que participaron diferentes actores del Poder Judicial, como jueces, fiscales y defensores-, se presentará la iniciativa.
Abordaje
Garavano precisó que la intención es “hacer un abordaje integral de la problemática de los jóvenes con el delito y tratar de avanzar en caminos preventivos”.
Asimismo, afirmó que todavía resta llegar a acuerdos respecto de la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En ese sentido, precisó que es el tema más discutido del proyecto, ya que algunas organizaciones están en contra de la disminución y otras plantean que sea como en el resto de la región, que es de 14 años.
Cabe recordar que durante los encuentros que organizó la cartera de Justicia hubo coincidencia en la necesidad de implementar medidas socioeducativas restaurativas, en sintonía con los preceptos de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, intervino desde que se realizó la primera mesa de trabajo, cuando se trazaron los lineamientos básicos de cara a diseñar una nueva legislación.
Aunque Unicef admitió que es necesario rediscutir la ley 22278, la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia del organismo, María Ángeles Misuraca, dejó claro que la posición es no bajar la edad de imputabilidad, en el entendimiento de que implicaría un retroceso, y que propiciará que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad. “El eje de la Justicia penal infantil debe ser la prevención”, aseguró Misucara.
Por su parte, Laura Musa (directora de la Fundación SUR Argentina) hizo una defensa de la baja de la edad de imputabilidad, y la filósofa Diana Cohen Agrest, cuyo hijo fue asesinado, estimó que es más importante el hecho que se cometía que la edad.
Respuesta estatal
En la misma sintonía, Garavano recalcó que el objetivo es generar herramientas para hacer “abordajes tempranos”, para que la respuesta estatal llegue a tiempo.
Además, recordó que la ley vigente fue sancionada durante la dictadura, mientras Jorge Rafael Videla ocupaba el poder, y señaló que es “un régimen absolutamente paternalista”.
“Yo creo que habrá responsabilidad de todos los actores políticos para generar la mejor ley para los chicos, ya que no los podemos dejar abandonados al servicio del delito”, agregó.
La iniciativa del oficialismo incluye bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves.
El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares, confirmó que en la mesa en la que se trató puntualmente el tema la mayoría de los asistentes se expresó en contra pero adelantó que el Gobierno impulsará la disminución, para que a partir de los 14 años los menores puedan ser juzgados por homicidio, delitos en contra de la integridad sexual, secuestro extorsivo, robo con armas y lesiones gravísimas.
“Franjas”
La propuesta gubernamental incluye la diferenciación por edades. Según Casares, podría haber “franjas”, a saber: para que los adolescentes de 14 a 15 años sean imputables para los hechos más graves y para que entre los 16 y los 17 puedan responder por más delitos.
