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El Gobierno asegura que hubo intento de acuartelamiento y convocó a Gendarmería

Llegada. Por la mañana comenzaron a llegar a la ciudad de Córdoba los camiones de Gendarmería enviados por la Gobierno nacional.
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Llegaron 1.200 efectivos para realizar “tareas preventivas”. Mientras tanto, la Justicia ordenó la detención de 16 oficiales y suboficiales por los episodios ocurridos en diciembre. Pasaron a retiro a cinco comisarios y a pasiva a otros cuatro uniformados.

Una jornada de tensión -que trajo a la memoria lo ocurrido los días 3 y 4 de diciembre pasados- se vivió ayer luego de que el Gobierno de la provincia dijo que un grupo de policías intentó autoacuartelarse en la madrugada del jueves.

Durante la mañana se pudo ver llegar a los efectivos de Gendarmería para patrullar la ciudad “de manera preventiva”. Por la tarde, fue el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien aterrizó en Córdoba para reunirse con el gobernador José Manuel de la Sota (ver aparte).

La jornada había comenzado con una protesta de esposas de policías frente a la Jefatura, sacudida por la noticia de la detención de 16 uniformados que habrían participado del autoacuartelamiento de diciembre pasado.

La acusación incluyó a oficiales y suboficiales que supuestamente “desoyeron las órdenes de sus superiores y además instigaron al resto a insubordinarse y autoacuartelarse”, según indicó el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, al divulgar la información. Entre los detenidos se encuentra Adriana Rearte, ex agente penitenciaria y esposa de un retirado.

Todos fueron imputados por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos, cuyas penas van de los dos a seis años de prisión.

Al justificar su decisión, el fiscal indicó que solicitó el arresto porque se “logró la individualización de cada uno a través de la incorporación de la geolocalización satelital de sus móviles, que cerca de las tres de la madrugada estaban apostados sobre la avenida Sabattini y a través de sus radios recibieron la orden de sus jefes de reincorporarse al servicio y la desoyeron, y además procedieron a quitarse sus insignias para no ser individualizados”.

Garzón no descartó que se produzcan otras detenciones según avance la causa y aseguró que contó con el apoyo del jefe de la Policía de la Provincia, Julio Suárez, para que las aprehensiones se materializaran sin alterar la paz social. También destacó que los testimonios de los ex jefes durante la revuelta fueron importantes para determinar las responsabilidades de algunos uniformados. César Almada y Carlos Galbucera declararon el 7 y el 9 pasados durante varias horas, detallando cómo se iniciaron los hechos y quiénes habían promovido la protesta.

Pasados a pasiva
En la misma jornada de ayer, el jefe de Policía también confirmaba que cuatro uniformados habían sido pasados a situación pasiva por intentar «promover» un nuevo acuartelamiento (ver “No sé si es un error…”).

“No voy a permitir otro 3 y 4 de diciembre ni que se vulneren los derechos de los ciudadanos. Tenemos que reconstruir la imagen de la policía”, dijo Suárez, al tiempo que aseveró que se están cumpliendo todos los puntos del acuerdo y que no hay motivos para otro alzamiento: “Todos están cobrando unos pesos más para que hagan su trabajo como corresponde”.

En la misma sintonía, al final de la jornada y tras reunirse con Berni, el gobernador José Manuel de la Sota confirmó que llamó a la Gendarmería cuando se enteró de que un grupo de policías estaba intentando organizar un nuevo autoacuartelamiento.

“Ahora sí tuvimos toda la información de la policía para actuar”, aseguró el mandatario, echando así un manto de sospecha sobre el ex jefe policial, César Almada. Finalmente, enfático agregó: “Haré todos los cambios que sean necesarios para que la policía responda las órdenes”.

(Ver también: Berni dijo que no permitirá que “se extorsione al poder político”)

Incertidumbre
“No sé si es un error o es un amedentramiento”

“Yo no tengo nada que ver, podés ver tranquilamente mi legajo y hace dos años que no sé lo que es una carpeta médica”. Con esas palabras se defendía uno de los cuatro policías separados el miércoles por el Tribunal de Conducta Policial. “Estoy sorprendido, me notificaron cuando yo estaba haciendo unos adicionales, y te juro que pensé que me daban un traslado”, relató ante la consulta de Comercio y Justicia el uniformado, quien fue pasado a pasiva.

“Cómo será que no tengo nada que ver, que el 2 de diciembre presté normalmente servicio y el 3 estuve trabajando en una adicional en un banco, por eso no sé qué pensar de esto”, se preguntó.

De hecho, al llegar a Jefatura Policial el miércoles por la tarde, se encontró con los otros tres policías que finalmente correrían la misma suerte. Ninguno de ellos tenía siquiera sospechas del motivo de la convocatoria. El afectado ya tiene patrocinio de un abogado para que lo defienda en el trámite y, ante la consulta de las motivaciones de la resolución, prefirió ser prudente: “No sé que decirte. No sé si esto es un error o es un amedrentamiento, pero yo no tengo nada que ver”, respondió.

Pasados a retiro. Por la tarde, la Policía de Córdoba informó el pase a retiro de cinco comisarios mayores. Se trata de Sergio Berrocal, jefe de la departamental San Javier; Ángel Domínguez, jefe de la de  Río Cuarto; Adrián Ferrato, jefe de la de Sáenz Peña; Gustavo Godoy, ex jefe de la departamental Punilla; y Horacio Soria, jefe de la departamental Unión. El área de prensa de la fuerza de seguridad negó que la decisión haya estado vinculada con la protesta policial “sino que obedece a que los uniformados ya cumplieron un ciclo” en sus puestos.

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