ESCUCHAREl Foro de Convergencia Empresarial (FCE) exhortó al presidente Alberto Fernández a desistir del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.
En un comunicado, la entidad postuló que la medida es un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial.
Señaló que los argumentos en los que se basa el pedido no están encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino que se fundamentan en el contenido de sentencias emitidas por la Corte respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden al alto cuerpo en ejercicio de su jurisdicción originaria o como tribunal de última instancia del Poder Judicial.
En esa dirección, planteó que tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por su contenido, por no compartir la forma en que resolvió, configuran “un gravísimo ataque a las instituciones de la República”.
Bajo esa premisa, llamó al presidente y a los gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que “desistan de su actitud”.
En su defecto, le reclamó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que rechace el pedido “por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican”.
Crisis
En tanto, recordó que a fines de diciembre se refirió a la grave crisis institucional que implicaba la anunciada decisión del jefe de Estado de no cumplir el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su impacto negativo en la confianza en el país.
Horas antes de la pasada navidad, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a firmas como Techint, Arcor y Bagó, definió como de “extrema gravedad institucional” la intención del Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte.
“La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”, aseguró la asociación.
Por su parte, IDEA aseveró que “el respeto absoluto a los fallos de la Justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego, que es imprescindible para que aumente la inversión privada y, con ello, el empleo”.
“El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones que les son favorables”, añadió la entidad que agrupa a empresarios de distintos sectores.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) consideró que la posición del Gobierno nacional alteró la división de poderes y generó “incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional”.
“Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, agregó.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifiestó su preocupación por lo sucedido. “Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional”, aseguró.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó al mensaje y señaló que “la división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar”.
La entidad destacó “la relevancia de respetar la división de poderes en tanto que dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional”.
“Hombre de derecho”
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigaron la postura del Gobierno y la definieron como un “golpe institucional”.
Además, sostuvieron que el “desafío al orden institucional” que se verificó era “más grave aún” porque es promovido “por un presidente que dice ser un hombre de derecho”.
También vía comunicado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazó la decisión del Ejecutivo de no acatar lo resuelto por la Corte y juzgó que implica “un quiebre institucional del sistema republicano” que pone en riesgo el orden legal.
“Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’ y solicitar su revocación no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano”, añadió.
“Cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias y no dar lugar a avasallamientos”, consignó también.
