La Cámara 3ª Civil y Comercial concluyó que la legislación fiscal puede alterar disposiciones de procedimiento siempre que no afecte derechos y garantías de la Constitución, especialmente el principio de igualdad.
La Cámara 3ª Civil y Comercial concluyó que la legislación fiscal puede alterar disposiciones de procedimiento siempre que no afecte derechos y garantías de la Constitución, especialmente el principio de igualdad.
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