“El Estado no debe tolerar la explotación de la prostitución, debe ser inflexible y prohibirla”

El fiscal Carlos Gonella trazó un estado de la situación de Córdoba y el país. Suman 300 las condenas en la materia. Al respecto, destacó la necesidad de reparar económicamente a las víctimas. Disertó en la apertura de la Sala de Trata del Colegio de Abogados de Córdoba

Desde que se promulgó la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, a finales de 2008, y hasta el 31 de diciembre de 2018 sumaban 13.384 las personas rescatadas que eran sometidas a distintos regímenes de explotación sexual y laboral.
Las cifras oficiales dadas a conocer por la Oficina de Rescate y Acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revelaron que de ese total cerca de 92% (12.258 personas) era compuesto por mayores de edad, en tanto que poco más del ocho por ciento restante (1.090 víctimas) correspondía a menores de edad.
La políticas públicas en la materia y la capacitación son elementos fundamentales para trabajar la problemática. En Córdoba, en el Colegio de Abogados se puso en funciones una sala para abordar la trata de personas. Las abogadas Mabel Solano y Sabrina Kenis son sus directoras. La intención es contribuir a la discusión pública de esta temática y, en esa línea, organizaron una jornada de la que participó el fiscal federal Carlos Gonella y Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata.
¿Qué está haciendo la justicia federal para investigar el delito de trata? ¿Qué hace el Estado para reparar a la víctima? ¿Debe considerarse la prostitución un trabajo o, por el contrario, debe prohibirse? Estos fueron algunos de los interrogantes a los que respondió Gonella en diálogo exclusivo con Comercio y Justicia, antes de su disertación.

– ¿Cómo está trabajando la justicia federal en materia de trata de personas?
– Hoy tenemos casi 300 sentencias condenatorias de casos de trata en el país, 60% de trata sexual y 15% de trata laboral; el resto son delitos conexos. Además, ya suman 600 los procesamientos. Cuando hablamos de trata también hablamos de delitos conexos: integridad sexual, la promoción de la prostitución, los delitos migratorios o de privación ilegítima de la libertad. El Ministerio Público se ha tomado en serio el tema de la trata. Se creó una unidad especializada que se llama Protex, que es una procuraduría contra la trata y la explotación. La función de este equipo de trabajo es generar herramientas para el abordaje de esta problemática. Esto implica recabar información estadística para poder volcar protocolos de actuación, generar la herramienta investigativa, producir material de difusión para concientizar, también generar investigaciones propias, colaborar con fiscales que llevan estas investigaciones, sobre todo en jurisdicciones con poco personal.

– En Córdoba hubo un caso de trata sexual en el que se exigió la reparación económica de la víctima. ¿Cómo fue ese caso? ¿Cómo se aborda esta cuestión?
– La reparación económica de la víctima es algo muy importante en lo que estamos haciendo hincapié, tanto para las víctimas de explotación sexual como laboral. En Córdoba yo tuve el primer caso en el cual se logró la reparación de la víctima mediante un acuerdo con el imputado, que reconoció el hecho y al cual la Fiscalía le solicitó que -además- ofrezca reparar el daño. El monto fue simbólico pero consultamos a la víctima y estuvo de acuerdo. Era un caso de trata sexual, el acusado le pagó tres o cuatro salarios mínimos vital y móvil. Hoy los protocolos que elabora la Protex nos instan a que reclamemos la reparación económica. Por supuesto que nunca se va a poder cuantificar el daño que sufre la víctima de trata, porque es inconmensurable. Pese a todo, tenemos algunos parámetros como por ejemplo calcular un salario mínimo vital y móvil por mes de explotación, como mínimo. Los jueces van haciendo lugar a este planteo y ya tenemos algunas experiencias en este sentido.

– En materia de trata sexual hay posturas abolicionistas y otras reglamentaristas. ¿Qué opina sobre este punto?
– El debate es muy interesante, porque hay argumentos fuertes de los dos lados. En mi caso estoy más cercano a las posiciones abolicionistas. Considero que el sistema prostibular es muy complejo, tiene muchos actores y están involucradas las estructuras estatales: está integrado por policías corruptos, funcionarios que en muchos casos dictan ordenanzas regulando whiskerías con eufemismos que encubren el fenómeno de la explotación económica de los seres humanos. Hay también funcionarios judiciales que han consentido esta actividad.
Por otro lado, está la víctima que es una persona vulnerable social, económica y culturalmente; no es una mujer que tuvo la posibilidad de educarse, sino todo lo contrario. En muchos casos, desarrollan esa actividad porque la hacían sus madres, abuelas, tías, hermanos; entonces se naturaliza aún más la cuestión. Por todo esto, creo que el Estado debería ofrecer alternativas para evitar esta actividad.
No hay que perder de vista que detrás de este fenómeno hay redes que se enriquecen y el dinero compra voluntades; el Estado no debe tolerar esto, debe ser inflexible y prohibirlo.
Por supuesto, que hay otras posturas reglamentaristas que parten de la idea de reconocer este fenómeno y considerar a estas mujeres trabajadoras sexuales. Las dos posturas son respetables pero la mía es la del abolicionismo.

– ¿Han crecido en los últimos años el número de denuncias por trata de personas?
– La cuestión de la trata se podría parangonar con los delitos de violencia doméstica: a medida que el debate público se ha ensanchado, genera nuevos casos pero esto no quiere decir que haya más casos. No me animaría a decir esto. Sí hay más condenas, pero esto en todo caso se debe a que el Estado ha creado más herramientas para abordar este fenómeno criminal.