ESCUCHARAún restan decisiones respecto de qué ocurrirá con los agentes que actualmente trabajan en la ex SIDE. La iniciativa ya fue enviada a la Secretaría Legal y Técnica. La oposición adelantó que no apoyará la creación del nuevo organismo. Opiniones divididas en el Poder Judicial.
Luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre el desmembramiento de la ex SIDE y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se conocieron ayer algunos otros detalles del proyecto de ley que será enviado para su aprobación en el Congreso de la Nación.
El primero en brindar algunas precisiones fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina. Ante una pregunta de los periodistas, confirmó que tanto el proyecto de ley como la designación de director y subdirector de la nueva agencia requerirán del respaldo de la mayoría simple del Congreso, número que el kirchnerismo tiene prácticamente asegurado en ambas cámaras gracias al apoyo de sus habituales aliados.
Capitanich adelantó además que las dos personas que sean designadas al mando de la agencia tendrán “plazo de mandato de presidente”. Es decir, cuatro años.
Dos veces los periodistas le preguntaron a Capitanich qué sucederá con los actuales agentes de inteligencia. ¿Pasarán a la nueva agencia? “La conformación del personal de inteligencia será motivo de la nueva constitución orgánica y los procesos de selección de su personal conforme al perfil que adquirirá la nueva agencia”, fue la respuesta que atinó a dar el funcionario.
Minutos antes, el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, habló sobre este aspecto. Consultado sobre si hay riesgo de tener “mano de obra desocupada”, en referencia a futuros exagentes que pudieren pasar a operar en el plano delictivo, Fernández respondió: “No, no tiene por qué suceder nada de eso”.
Y agregó: “No tiene por qué pasar eso. Hay que hacer un trabajo inteligente y ver cómo se resuelve y se ajustan los funcionamientos a futuro. No es un tema para preocuparse”.
La oposición no acompañará
La iniciativa ya se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica. La intención de la Presidenta es que a comienzos de febrero, cuando empiecen las sesiones extraordinarias, comience a debatirse en el recinto.
Mientras tanto, los jefe de los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados se reunieron ayer y rechazaron la creación de la AFI.
En el Congreso, brindaron una conferencia de prensa conjunta Mario Negri (Unión Cívica Radical), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Pinedo (PRO) y Margarita Stolbizer (GEN), quienes coincidieron en que “es una cachetada que pongan al frente de las ‘escuchas’ a la procuradora General” (Alejandra Gils Carbó).
Los legisladores, en tanto, pidieron incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias que anunció la mandataria la derogación del acuerdo firmado con Irán por la investigación del atentado a la AMIA. “Denunciamos que este proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia es una maniobra que va a profundizar la politización de los organismos de inteligencia, con el objetivo de distraer la atención de la sociedad del problema central, que es la impunidad y la falta de verdad”, señalaron.
Los diputados firmaron un documento de consenso al que también suscribieron Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Carla Carrizo (Suma + UNEN) y la cordobesa Graciela Villata.
A su vez, los diputados adelantaron que reclamarán un encuentro con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para “respaldar la investigación” sobre la muerte del fiscal Nisman.
“Me parece una decisión muy acertada”
“Los únicos funcionarios de la Constitución que tienen por misión generar pruebas en casos judiciales mediante intervenciones telefónicas son los fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal. Por eso me parece una decisión muy acertada que de ahora en más esas prácticas estén a cargo de la Procuración General de la Nación como cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
No sé de dónde se saca que la Procuradora va a intervenir teléfonos sin orden judicial. Lo que se le está entregando es el manejo de la oficina llamada Observaciones Judiciales (OJ), que actualmente ejecuta las ‘escuchas’ ordenadas por los jueces y les entrega las copias de ella a jueces y fiscales. No es verdad que se pretenda eludir el control de los jueces porque lo prohíbe la Constitución Nacional”, opinó el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, en diálogo con Comercio y Justicia.“Esto genera bastantes dudas”
“Habrá que ver el contenido final del proyecto que se envía al Congreso nacional pero como idea general lo que puedo decir es que cuando se trata de causas penales es el juez el que debe resolver y valorar sobre el pedido de los fiscales relativo a pruebas que puedan afectar la intimidad de las personas, como pueden ser las ‘escuchas’. Siguiendo ese razonamiento, creo que las escuchas que hasta hoy instrumentaba la ex Side deben estar bajo la órbita del Poder Judicial. La Procuración General no está bajo la órbita del Poder Judicial y si bien se trata de un órgano extrapoder, su titular es elegido por el Presidente de la Nación y, en ese sentido, me parece que es inevitable que exista una vinculación entre el Poder Ejecutivo y la Procuración General, lo que genera bastantes dudas”, dijo el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez, a Comercio y Justicia.
