ESCUCHARAlertan sobre la falta de rigurosidad de los portales de Internet para identificar el origen y el destino de los fondos. La ley de emprendedores excluyó la utilización de estas plataformas para la donación pero no las prohibió
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Regular el crowdfunding se ha vuelto una necesidad en Argentina, habida cuenta del crecimiento que ha tenido en los últimos años esta herramienta en el país y el mundo. La palabra “crowdfunding” significa “financiamiento colectivo” o “en masa” y es un método muy utilizado en Internet para obtener soporte económico de un producto que se quiere vender y/o fabricar o para un proyecto social.
A fines de marzo, en el marco de la Ley de Emprendedores N° 27349 (artículo 28) se sancionó una norma que regula el crowfunding pero quedó excluido de la regulación el conocido “crowdfunding para beneficencia”, que hoy se promociona libremente, y sobre el cual hay una laguna normativa en la materia.
¿Cuáles son los riesgos que esto acarrea? Que se utilice esta herramienta para el lavado de activos, según explicó a Comercio y Justicia la abogada y coordinadora del área de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos de Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Sofía Díaz Pucheta.
La especialista afirmó que la falta de rigurosidad en las plataformas digitales a la hora de constatar la identidad de las personas de las que provienen los fondos y de las que los reciben.
Las donaciones anónimas y el pago en efectivo no constituyen por sí mismos un peligro para la seguridad del tráfico económico y financiero porque las asociaciones y fundaciones que los reciben deben dar cuenta de su destino conforme a la legislación vigente y cumplir además las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) ante ciertos montos, aclaró Díaz Pucheta.
“El problema se genera cuando una organización recibe fondos de personas anónimas y los remite a otras personas que no identifica adecuadamente (independientemente de si el monto supera o no el exigido por la UIF). Esto torna imposible el rastreo del origen y destino de los bienes, la identificación del donante y receptor y, por ende, impide también corroborar si quien dona y quien recibe la donación son la misma persona. Es un método alarmante si no se reglamenta”, explicó la abogada a este medio.
Díaz Pucheta aclaró que no se cuestiona el sistema de crowdfunding, el que elogia por sus logros a nivel social y económico, pero consideró necesario “concientizar sobre la necesidad de regular adecuadamente su utilización”.
Experimento
Para demostrar que esta modalidad permite lavar activos y abre la posibilidad de autodonarse dinero, Díaz Pucheta realizó un pequeño experimento en una plataforma de financiamiento colectivo local.
“La plataforma solicita una cuenta de Facebook, de Twitter o de email para registrarse. Ninguno de los tres métodos garantiza que quien va a crear la causa en la que se podrá donar sea una persona real, ya que en menos de cinco minutos uno puede crearse una cuenta falsa”, explicó.
Respecto de los datos que exige el portal para crear la causa social, Díaz Pucheta señaló que inventó todos los datos requeridos y utilizó el DNI de una persona que le prestó su cuenta de Mercado Pago. “Recibí un par de e-mails de asesoramiento en temas de publicidad para la campaña, pero nadie me exigió más o mejores datos: por lo que rápidamente mi campaña inventada estaba creada”.
“Para realizar una donación -el paso siguiente de un potencial lavador de dinero-, ingresé a la plataforma con la falsa cuenta de e-mail creada minutos antes. Seleccioné una de las campañas publicadas donde, luego de preguntarme cuánto quería donar, me ofrecieron hacer el donativo en forma anónima. Esto confirma la peligrosidad de este tipo de páginas, ya que la donación anónima elimina cualquier tipo de transparencia sobre los fondos recaudados. Una cosa es no publicar los datos del donante, y otra muy distinta es no identificarlo”, subrayó.
Finalmente, como para eliminar cualquier tipo de rastreo de los fondos otorgados, la especialista señaló que la plataforma ofrece la posibilidad de pagar la donación mediante Pago Fácil o Rapipago, métodos que no exigen ningún tipo de identificación a quien paga, con lo cual la posibilidad de lavar activos se convierte en una chance concreta.
La responsabilidad de los portales
Algunos especialistas en mercados de capitales y fondos de inversión coinciden en la necesidad de regular los portales de Internet, como conducto o intermediario típico en la financiación colectiva, de modo que aquéllos puedan cumplir con algunas de las funciones propias del intermediario tradicional, en el marco fáctico propio del crowdfunding.
Otros países
En España, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores la responsable de la supervisión de los proyectos que se incorporen a este modelo de financiamiento.
En Alemania se permite invertir un máximo de 2,5 millones de euros por proyecto. Los inversores minoristas pueden reclamar su dinero durante los 14 días que sigan a la firma de su inversión.
En Francia, las plataformas deben tener un capital social de 100 mil euros o un seguro de valor por 650 mil. Se puede invertir un millón de euros como máximo y se exige un certificado de transparencia.
Los modelos de crowdfunding están basados en donaciones, recompensas (quienes aportan esperan una retribución), acciones (con rendimiento de los títulos de rentas variables adquiridos), préstamos y royalties (en los que quienes invierten esperan rendimientos de las ganancias o beneficios generados por la empresa).
