ESCUCHAREl fiscal Ramiro González solicitó la apertura de la investigación y varias medidas de prueba. El exadministrador, Germán Krieger, es uno de los principales sospechados por posible administración fraudulenta.
Varios funcionarios del Consejo de la Magistratura, en especial el extitular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial, Germán Krieger, están siendo investigados por la Justicia federal por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La causa se originó por una denuncia presentada por el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sanz, durante la feria judicial, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Un mes después de la presentación, el fiscal Ramiro González requirió la apertura de la investigación y solicitó varias medidas de prueba.
Además de Krieger están siendo investigados el abogado Luis Alberto Devoto, quien fue titular de la Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General; el contador Diego Martino, de la Comisión de Preadjudicaciones; el exsubdirector del área de Infraestructura, Hugo Cayetano Lazzarini; el exsubdirector Adjunto, Carlos Jorge Susini Burmeister; y el exprosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo, Gabriel Saliva. Cabe recordar que Krieger fue desplazado como administrador tras una avanzada del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Se lo sindicaba como hombre de confianza del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, mediante su contador y secretario General administrativo del Máximo Tribunal, Héctor Marchi.
El 26 de enero pasado, Monner Sans presentó una denuncia sobre administración irregular de fondos públicos para la realización de obras para el Poder Judicial y aseguró que hubo “prácticas corruptas”.
Según información recibida por el abogado y que aportó en la Justicia, el expediente 60/14 surgió a partir de la presentación de técnicos de la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) ante Krieger. En ese informe se hace referencia a presiones a las que se habría sometido a profesionales para firmar certificados de obras que en verdad estaban paralizadas, y también que se habrían desatendido advertencias sobre incumplimientos y demoras en los contratos de obra pública.
Una de las obras bajo la lupa es la del Centro Judicial de la Ciudad de Resistencia, Chaco, otorgada a una empresa que no reuniría antecedentes necesarios para llevarla a cabo: sólo tiene un avance de 30 por ciento pero ya se pagó por 60 por ciento del total.
La denuncia también hace referencia al expediente 10-25191/15, por el cual se informa a Juan Cubría, hijo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, y actual administrador del Consejo de la Magistratura, sobre el estado de las obras para el Poder Judicial. Al respecto, según cita la denuncia, se informó que cuatro obras están paralizadas y otras cuatro tienen demoras significativas. Para González, “se deberá determinar la posible comisión del delito de administración fraudulenta, peculado y/o malversación de caudales públicos en el que habrían incurrido las personas”.
El fiscal pidió varias medidas de prueba, entre ellas la citación a testimonial a varios arquitectos, auditores y que se requiera documentación al Consejo de la Magistratura.
