El conflicto por el desmantelamiento de una antena de telefonía se dirime en la Justicia federal

Al confirmar lo resuelto en el tribunal de primera instancia, la alzada entendió que, según prevé la Ley de Telecomunicaciones, es de jurisdicción nacional el amparo ambiental planteado, por cuanto se involucra al servicio que regula esa legislación

Al darse los supuestos de excepción para la cuestión federal, la Cámara 8ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba confirmó la resolución de la Justicia de primera instancia, que se declaró incompetente para entender en una acción de amparo ambiental planteada en contra de Telefonía Móviles de Argentina SA, para que ésta cese sus operaciones y/o actividad de la antena enclavada en un inmueble sito en calle Tomás Lebensohn N° 164 de barrio Portón de Piedra, localidad de Saldán y proceda a su desmantelamiento total.

Al analizar, la jueza a quo determinó que la pretensión de cese de toda actividad en el predio donde se encuentra instalada la antena y su posterior clausura y desmantelamiento de las instalaciones, y con ello el cese del daño al derecho a un ambiente sano y limpio, a la salud, al patrimonio natural, cultural e histórico de Saldán, es una cuestión cuya materia se encuentra regulada por la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19798.

Normativa

El grado agregó que dicha norma establece en su artículo 3º la jurisdicción nacional para los servicios de telecomunicaciones de provincia interconectados con otra jurisdicción o con un Estado extranjero. Por su parte, el artículo 4° reza: "Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional: a) Establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional. b) Autorizar o permitir a terceros, con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones. c) Fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones" y el artículo 6° consagra que las provincias o municipalidades no podrán expropiar las instalaciones de telecomunicaciones ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los servicios de jurisdicción nacional.

Por ello, la magistrada sostuvo que la materia en debate es de jurisdicción nacional y, por lo tanto, es la Justicia federal la que resulta competente para resolver el conflicto, declarando así la incompetencia de la justicia provincial por razones de materia para entender la acción de amparo entablada por los actores en contra de la empresa de telefonía demadada.

En la instancia de apelación presentada por la parte actora, la cámara integrada por los vocales Héctor Hugo Liendo y Gabriela Lorena Eslava analizó que la acción de amparo fue interpuesta a los fines de que, de manera urgente e inmediata, la demandada cese las operaciones y/o actividad de la antena enclavada, como se refirió anteriormente, en Saldán así como su desmantelamiento total.

Forma republicana

Al respecto, la alzada sostuvo que nuestra Constitución adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal lo que importa una relación entre el poder y el territorio en cuanto existe una fuerza centralizadora, ejercida por el gobierno federal, destinada a impulsar determinados aspectos de la Nación.

En ese marco, los vocales consideraron que si bien se invocan justificativos de tipo ambiental, no quedan dudas de que tiene clara incidencia en la organización y funcionamiento de las telecomunicaciones, por lo cual las competencias nacionales están regidas por la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nº 27078 y por la Ley Nacional de Telecomunicaciones.

En este sentido, se remarcó que tal tesis ha sido también la adoptada por el Máximo Tribunal Nacional, con fecha 2/07/2019, en autos “Telefónica Móviles Argentina SA – Telefónica Argentina SA c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en el cual la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) consideró que, al modificar la red de telefonía celular, el municipio se había arrogado una atribución que la ley otorga a la autoridad federal y que las antenas no podían ser trasladadas sin la autorización de la autoridad nacional de aplicación.

Carácter

Los camaristas continuaron evaluando que la CSJN señaló que el carácter interjurisdiccional del servicio justifica y determina la competencia regulatoria federal y, por tanto, la imposibilidad de que los municipios adopten medidas que interfieran u obstaculicen esa competencia.

A la luz de lo resuelto por la el Supremo Tribunal nacional y teniendo en cuenta que la pretensión esgrimida en la presente acción interviene claramente en la prestación del servicio de telecomunicaciones, por cuanto se pretende la remoción de una antena, en el fallo se resolvió que no caben dudas de que la competencia es federal y, por lo tanto, el recurso de apelación debe ser rechazado, manteniéndose la decisión impugnada en todo cuanto dispone.