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La iniciativa contempla reducción de penas; y las omite cuando la tenencia o el cultivo sean para consumo personal.
Con el objetivo de que la normativa sobre estupefacientes se adecue a la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo “Arriola”, ingresó al Congreso un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal (CP). En concreto, se buscará cambiar los artículos 5, 14, 17, 19 y 20, y derogar los artículos 18, 21 y 22 de la ley 23737.
Así, en la iniciativa se prevé una reducción de las penas y su supresión en aquellos casos en los que la tenencia de la sustancia (o su cultivo) sea para consumo personal, estableciéndose que si las conductas (consumo o cultivo) tienen por finalidad el uso personal de estupefacientes el hecho no será punible.
Entre los fundamentos se consigna que se plantea revisar la faz punitiva de la respuesta estatal, en el entendimiento de que retirar al sistema penal de la escena posibilitará una discusión más robusta y amplia del tema.
Asimismo, los legisladores que la suscriben aclararon que la iniciativa únicamente elimina la facultad que los jueces poseen actualmente para imponer medidas de seguridad y tratamientos curativos a las personas imputadas por tenencia de drogas para consumo personal.
En tanto, se plasmó que la aplicación de la legislación vigente “sólo genera impunidad”, y se consignó que las estadísticas elaboradas por el Poder Judicial indican que del total de ingresos al sistema Penal, casi 70% corresponde a tenencia y consumo personal de drogas y que, en general, las detenciones de personas es el resultado de decomisos efectuados en la vía pública. En esa línea, se explicó que, actualmente, la represión del contrabando de estupefacientes se centra en el tráfico que se realiza mediante “mulas”.
Los que impulsan el cambio
– El proyecto de reforma del CP fue girado a las comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, del Congreso de la Nación, y es impulsado por el diputado Ricardo Alfonsín (UCR).
– Asimismo, apoyan la iniciativa los legisladores Jorge Chemes, Ricardo Gil Lavedra, María Storani y Mario Fiad, también radicales, y por los justicialistas Oscar Albrieu (FPV) e Ivana Bianchi (Peronismo Federal).
