ESCUCHARLa CFCP resolvió el conflicto de competencia suscitado con un tribunal de Bariloche. La pesquisa estará a cargo del juez federal Sebastián Ramos
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) resolvió que la causa penal por el caso de Lago Escondido -el viaje a la estancia de Joe Lewis- se investigará en los tribunales de Comodoro Py y estará a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
Así, definió el conflicto de competencia que se había generado con la justicia federal de Bariloche, donde se encuentra el expediente que investiga la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco.
Los imputados son el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, y funcionarios judiciales, empresarios y dirigentes vinculados a la Secretaría de Inteligencia.
La denuncia se promovió en octubre pasado, pero cobró repercusión cuando se conocieron unos supuestos audios en los cuales los participantes del vuelo hablaban de la difusión de la noticia y cómo manejarse.
Los diálogos registrados en la aplicación Telegram habrían sido sustraídos vía hackeo al celular de D’Alessandro.
Uno de los jueces que hizo el viaje, Pablo Yadarola, presentó una denuncia penal para que se investigue la adulteración de los mensajes y pidió que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py.
El camarista Federal Eduardo Farah aceptó el planteo. Sostuvo que el caso debía pasar a los tribunales del barrio porteño de Retiro porque la organización del traslado se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por su parte, el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva rechazó la inhibitoria solicitada al entender que todavía se desconoce si el viaje fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían esclarecidas.
En esa dirección, indicó que lo que si está claro es que los investigados usufructuaron servicios, hayan cometido o no delitos, en Lago Escondido, por lo que la causa era de su competencia.
Farah insistió en su postura. “Los eventos que conforman el objeto común de ambas causas están descriptos en las denuncias que les dieron origen. Hubo un requerimiento de instrucción fiscal al respecto, que se presentó en la justicia federal de Bariloche. Que no haya sucedido lo mismo en la CABA no implica que no estén determinados los hechos del caso: son –como en cualquier legajo- los definidos en el escrito promotor, respecto de los cuales la Fiscalía puede dictaminar por el impulso inicial, la desestimación o la incompetencia”, indicó.
“Todos los agentes públicos ejercen sus funciones en el ámbito de la CABA; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos se sustanciaron o llevaron adelante en esa sede territorial”, sumó.
Además, expuso que, si por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido en la CABA.
Por todo ello, volvió a ordenar que las actuaciones se lleven en Comodoro Py.
“A los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”, añadió.
El caso pasó a la Casación, que ratificó lo decidido por Farah.
