ESCUCHARHéctor Echegaray, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, evaluó el rol social de los letrados y negó que sean quienes generan la denominada industria del juicio. Achacó al Estado no cumplir con sus obligaciones y afirmó que los profesionales del derecho son quienes defienden a los ciudadanos. Sobre el nuevo Código Civil y Comercial, consideró que es de “avanzada” para una justicia que “no se adaptó a los nuevos tiempos”.
Héctor Echegaray preside desde septiembre del año pasado el Colegio de Abogados de Córdoba. Fue elegido en una votación que fue récord por la participación de letrados.
En su campaña se propuso sostener e intensificar lo actuado por la conducción de su par Alejandro Tejerina y avanzó sobre la creación de una Comisión de Defensa de la Remuneración del Abogado.
Pretende impulsar la reformas de los Códigos Procesales de la Provincia y trabaja desde la entidad para brindar una oferta de capacitación más amplia para los abogados.
En su amplia oficina, con vista a Tribunales I, Echegaray recibió a Comercio y Justicia.
– ¿Ha cambiado el ejercicio de la actividad de la abogacía en los últimos años?
-El rol del abogado es muy importante, es el verdadero arquitecto de la paz social; estamos viviendo en una sociedad con una profunda crisis. Nuestra economía hoy está en crisis y cuando la economía atraviesa un momento así hay pérdida de puestos de trabajo o incumplimientos de los contratos laborales. Entonces, se generan incumplimientos que conllevan litigios y que requieren de la participación del abogado.
– Muchos acusan a los abogados de ser los generadores de la industria del juicio. ¿Cree que es así?
-No, los abogados somos víctimas de una campaña sucia de ciertos sectores de la sociedad que tienen un fuerte poder de lobby . Estas aseveraciones no tienen ni el más mínimo correlato. La mal denominada industria del juicio -generada por ejemplo por causas de Anses o de Riesgos del Trabajo – responde a necesidades sociales originadas por incumplimientos que provocó el Estado. Cuando un abogado ha asistido a los jubilados contra la Anses o el Estado nacional, ha sido porque el Estado nacional durante más de 20 años liquidó mal los haberes y los confiscó; cuando se litiga por infortunios laborales es porque las aseguradoras de Riesgos del Trabajo cobran una alta cápita, una alta prima por los seguros y no cumplen con las tareas de prevención o de indemnización una vez comprobada la incapacidad. Todas estas distorsiones han hecho que los abogados sean víctimas de campañas que nosotros estamos trabajando para erradicar.
– ¿ Qué opinión le merece la denominada judicialización de la política, qué análisis hace de esta actitud proactiva que ha asumido la Justicia?
– Evidentemente, si las decisiones políticas distorsionan las condiciones de vida de los ciudadanos -como ha sido el tema de las tarifas – bienvenida sea la actividad de la justicia. Nosotros tenemos un plexo constitucional compuesto por tratados internacionales que son operativos en la República. No podemos estar mirando con disvalor la intervención judicial en cuestiones políticas porque toda decisión política es revisable cuando afecta estándares de vida, derechos individuales y derechos colectivos. Además, no nos olvidemos de que ahora tenemos un Código Civil y Comercial que ha incorporado las mandas constitucionales, que ha incorporado los derechos de incidencia colectiva y aquel código liberal con el que nos manejábamos se ha dejado atrás. Entonces, está bien que la Justicia intervenga y una vez más en estos temas rescato el rol del abogado como defensor de los derechos de los ciudadanos.
– El Código Civil y Comercial cumplió un año. ¿Qué balance puede hacer?
– Por un lado, hay una fuerte demanda de la sociedad por sus derechos y, por el otro , es un código cuya doctrina y jurisprudencia se está conformando. Nosotros hemos empezado con el debate. Advertimos que todavía la comunidad jurídica se está adaptando, hay incluso discusiones interesantes que se están generando; por lo tanto, tenemos todavía una riqueza por descubrir y vamos en ese camino. De cualquier manera, entendemos que hacía falta la reforma del Código; sin dudas, seguramente va a seguir dando que hablar si es ésta la reforma que hacía falta o era otra.
– ¿Cuáles han sido a su criterio los principales problemas que debió enfrentar el nuevo Código?
– Creo que esta reforma choca con un servicio de justicia sin presupuesto y sin medios técnicos – en muchos casos- adecuados.
Días atrás hablábamos con una jurista sobre esto; en el interior del interior seguimos contando con un servicio de justicia que no tiene lo recursos que tiene a nivel nacional. Tenemos un Código de avanzada para un poder judicial que todavía no se adaptó a los nuevos tiempos.
– ¿Y a los abogados les costó adaptarse?
– Sí, por supuesto. Además, siempre estuvo dando vuelta la idea de que el código se iba a suspender, que no iba a entrar en vigencia . Para resolver este tema lo que hizo el Colegio es brindar capacitación. En nuestra entidad hay quienes entendían que la capacitación era un tema de las universidades. Nuestro directorio modificó esa idea y encaró una serie de capacitaciones. Creamos un área académica, armamos diplomaturas, contratamos personal especializado y queremos que nuestros auditorios y salas de eventos estén para capacitar a nuestros abogados. La capacitación era una deuda pendiente y eso hoy se está revirtiendo.
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