ESCUCHAREn el marco de un juicio abreviado, el Juzgado Federal de Garantías Número 2 de Salta condenó a tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (Atres) por el delito de defraudación a la Administración pública.
Recibieron penas de ejecución condicional de tres, dos y un año de prisión, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente.
La Unidad Fiscal Salta llevó adelante la investigación desde agosto del año pasado, y la fiscal federal subrogante Paula Gallo presentó el acuerdo, en el cual también se impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño, y reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas de la maniobra delictiva.
Los tres gremialistas deberán abonar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados, para quienes se pactó un resarcimiento de cinco mil pesos para cada uno.
Se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado al Hospital Joaquín Corbalán, de la localidad de Rosario de Lerma, el lugar de origen de los damnificados.
Se trata de la segunda condena que se aplica este año en Salta por casos similares. En abril fueron responsabilizados cuatro dirigentes deportivos de la localidad de Embarcación, quienes estafaron a numerosos beneficiarios del Sueldo Social Complementario.
La agente reseñó que el expediente comenzó a instruirse a partir de la denuncia radicada por algunos afectados en la Comisaría 14, de Rosario de Lerma, a la que luego se sumaron otras presentadas ante Gendarmería Nacional, que revelaron que, desde julio de 2020, los tres hombres se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad con el objeto de tramitar beneficios sociales del Estado nacional; específicamente, el Salario Social Complementario.
Gallo precisó que a cambio de esas gestiones los acusados exigían un pago mensual de mil pesos, provenientes de los fondos estatales, mientras que en otros casos se quedaban con la totalidad de los beneficios.
Además, resaltó que las víctimas eran obligadas a realizar tareas para la asociación sindical -como atención al público, elaboración de empanadas para venta, comercialización de rifas y participación en actos políticos y campañas de afiliación-, bajo amenaza de perder tanto el subsidio (con el bloqueo de la tarjeta de cobro) como el bolsón alimentario.
“Junto a otras maniobras de amedrentamiento, se ejercía un dominio absoluto sobre los afectados”, enfatizó Gallo, quien reseñó que con aquellos y otros elementos probatorios solicitó una serie de allanamientos y la detención de los tres dirigentes, que quedaron imputados en septiembre de 2020.
Todos se desempeñaban en la asociación y también en la Federación de Trabajadores Agrarios. Uno de ellos cumplía la función de asesor en el Senado de la Nación.
Ante la premisa establecida en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal -que promueve la resolución del conflicto y el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social-, se acordó avanzar con el proceso de juicio abreviado.
No obstante, la fiscal dejó en claro en la audiencia que el hecho es grave porque los encausados “encarnaron al Estado Nacional y ocasionaron un grave perjuicio al apropiarse de fondos de manera ilegítima, tanto en perjuicio de los afectados como de las arcas nacionales”.
