ESCUCHARCon el voto de la bancada oficialista y el retiro pleno de los legisladores de la oposición, quedó convertida en ley la nueva norma que, además, integra dentro de su cuerpo el Código Comercial. Las bancadas de la minoría cuestionaron la constitucionalidad del procedimiento al sostener que el proyecto debió ser tratado en comisiones permanentes de la Cámara Baja.
El oficialismo de la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, una iniciativa que presenta innovaciones en temas como fertilización asistida, matrimonio, divorcio y uniones por convivencia, y que la oposición decidió no debatir en el recinto.
El proyecto, que entrará en vigencia en enero de 2016, fue aprobado con 135 votos del oficialismo y sus habituales aliados, debido a que la oposición participó de la primera parte de la sesión y -tras objetar cuestiones sobre el trámite- se retiró del recinto.
Controversias y objeciones
Las dos primeras horas de la sesión se desarrollaron en un clima tenso a partir del ingreso al recinto de la oposición, que llegó para cuestionar el trámite, luego de que el Frente para la Victoria -con el apoyo del Frente de Santiago, Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa, Ramona Pucheta y dos diputados fueguinos- reunió 131 legisladores, dos más del quórum reglamentario, para iniciar el trabajo.
A los gritos, los diputados del radicalismo, el macrismo, el massismo, el socialismo, la Coalición Cívica y el Frente de Trabajadores de Izquierda se retiraron del debate con el argumento de que “su tratamiento es ilegal”.
Tras reconocer que es necesario actualizar el Código Civil y Comercial, que data de 1869, en temas como divorcio, matrimonio igualitario, adopción y fertilización asistida, los opositores advirtieron que, si se votaba el proyecto, plantearían su inconstitucionalidad en la Justicia. El argumento esgrimido es que el dictamen de la Comisión Bicameral no es válido porque desde que se emitió cambió la composición del cuerpo, algo que fue rechazado por el bloque de diputados del oficialismo.
Esta posición fue replicada por la presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, quien consideró “una vergüenza que acudan a otro poder (del Estado) para impedir el tratamiento del proyecto en este cuerpo legislativo” y defendió la legalidad del tratamiento.
Antes de que comenzara la sesión los jefes de los bloques del arco opositor le enviaron una nota al presidente de la Cámara Baja, el kirchnerista Julián Domínguez, para exigirle que la suspendiera, al estimar que no se cumplió el debate previo en comisión.
Concretamente, consideraron que como el despacho fue modificado por el pleno del Senado correspondía que fuera tratado por las comisiones permanentes de Diputados, como cámara revisora; es decir, como un proyecto de ley ordinario, y tener dictamen de comisión para ser llevado al recinto, salvo que los dos tercios del pleno avalen su discusión sin despacho. Ese argumento fue planteado por Mario Negri (UCR), Graciela Camaño (Frente Renovador), Federico Pinedo (Unión Pro), Margarita Stolbizer (GEN), Elisa Carrió (CC) y Néstor Pitrola (FIT).
Promediando la sesión, Domínguez respondió a la nota de los bloques opositores, rechazó en forma “tajante, absoluta y terminante” los cuestionamientos realizados y señaló que “no se ha violentado la Constitución Nacional ni el reglamento interno ni la resolución aprobada por ambas cámaras que dispuso un tratamiento especial al proyecto”.
Durante el debate, Diana Conti, en calidad de miembro informante del proyecto por su condición de presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que este nuevo texto “es plural e inclusivo y tiene la riqueza de contar entre sus redactores a dos jueces de la Corte (Suprema de Justicia)” y destacó que “se trata de un código humanitario, que incluye aún más socialmente”.
Denuncias
Horas antes que comenzara la sesión, los principales referentes de la oposición concurrieron a los tribunales de Comodoro Py para realizar presentaciones judiciales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra las autoridades de la Cámara de Diputados.
La denuncia apuntó contra “irregularidades parlamentarias” y subrayó que a los diputados se les cercenó su derecho a debatir “una ley de la importancia y trascendencia” del Código Civil y Comercial.
Ver también:
– Una ley que cambia la regulación de la vida cotidiana de los argentinos
– La culminación de un proceso de arduo debate que se inició en 2011
