ESCUCHARLa Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Héctor Heim, presentó el Informe de población penal 2015-2019.
El documento se elaboró mediante la recolección, análisis y sistematización de datos relevantes de la situación carcelaria federal.
Según la procuraduría especializada, el trabajo estadístico ofrece un panorama general del estado de las dependencias penitenciarias federales y permite establecer como crítica la situación actual, de acuerdo a los indicadores de población, sobrepoblación y fallecimientos.
El relevamiento señala que en los últimos cinco años la población total creció 35%, y que desde 2017 la capacidad de alojamiento de las dependencias federales se vio desbordada, con una sobrepoblación del orden de 14%.
Además, subrayó que durante el periodo crecimiento de la población carcelaria femenina fue mayor que la del promedio general y que se trata de un colectivo especialmente alcanzado por delitos federales (50%).
Por otro lado, el documento registró un incremento en el número de fallecimientos y verificó que se mantuvo estable el número de personas encarceladas preventivamente, quienes representan cerca de 60% del total.
Mensualmente desde 2013 la Procuvin recopila la información brindada por la dirección general del Servicio Penitenciario Federal y actualiza una base de datos con la cantidad de población alojada a nivel general, según establecimiento, género, situación procesal y fuero del que depende la causa.
La dependencia resaltó que esa actividad permite realizar una comparación y una evolución de los datos vinculados a la cantidad de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios federales y a sus principales características y corroborar, no sólo los cambios durante el tiempo en los números más generales, sino los movimientos en la composición de esta población.
En ese sentido, enfatizó que los datos permiten establecer la atención en los focos más críticos y hacer un diagnóstico para la intervención eficaz en aquellas situaciones que propicien la afectación de derechos.
Covid-19
Se estima que mil internos del sistema federal integran colectivos sensibles al Covid-19. Muchos son condenados por delitos de lesa humanidad, ya que la mayoría tienen más de 65 años y patologías crónicas.
En el grupo de riesgo también figuran encausados que cumplen sus penas en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC).
Per saltum
-La semana pasada, mediante un per saltum, el abogado Carlos José Díaz presentó una acción de amparo ante la Corte, para que disponga la inmediata domiciliaria de mayores de 65 años y de quienes sean vulnerables al contagio del Covid-19.
-El reclamo incluye a las mujeres embarazadas y a las que tienen a sus hijos con ellas en los penales.
-El actor se basó en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró la emergencia sanitaria. Sostuvo que a fin de evitar perjuicios irreparables se debe actuar con urgencia.
-Díaz también peticionó que se disponga la libertad de los detenidos sin sentencia firme.
