El tribunal analizó las aristas de la relación entre las partes y, pese a las razones que pudo invocar la demandada, se le reprochó que debió ser más prudente a la hora de sancionar al actor [privado]
Al evaluar que pese a no haber acreditado debidamente el accionante, un ex empleado de una galería comercial, la justificación de su ausencia durante siete días a su puesto de trabajo, la Sala 8ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió la demanda que entabló, al considerar desproporcionado el despido accionante dispuesto por Di Brenta SA, dada la antigüedad superior a 27 años y la falta de sanciones disciplinarias previas del demandante.
El vocal Jorge Alberto Vega al analizar la comunicación por la cual se cesanteó a Carlos Luis Vega, observó que no fue “suficientemente clara” en la expresión de los motivos de la ruptura, como tampoco en la indicación precisa de los efectos producidos por éstos, concluyendo que inicialmente pareciera que el desahucio se produjo por “abandono del trabajo”, lo que se colige de la intimación que la empresa cursara al trabajador.
Sin embargo, el fallo subrayó que luego la patronal invocó “pérdida de confianza”, lo que se deduce de la expresión “indigno de confianza” que la demandada utiliza en las postrimerías de la comunicación rescisoria.
Excesivo
Sin perjuicio de lo dicho, “y a los fines de que no se tilde lo apuntado como excesivo rigor formal”, el magistrado analizó que como núcleo de los incumplimientos achacados a Vega en dicha comunicación una serie de ausencias -sin aviso ni justificación- a la prestación de tareas, con daños a la sociedad empleadora y a los inquilinos de los locales comerciales de la galería.
El magistrado relató que las ausencias que denunció la empleadora involucraban siete días hábiles, agregando que el accionante en su respuesta indicó que se había despertado “muy enfermo, con claros síntomas gripales”, que le “impedían concurrir a trabajar”, lo cual le habría avisado a un compañero de trabajo para que abra la galería, no comunicándolo en ese momento a la administración porque ésta los días sábados no atiende.
Informativa
Sobre estas afirmaciones, consideró el vocal que el actor no ha probado su asistencia al médico del día 15 de junio de 2013, sí, en cambio, la del día 16 con la Informativa del Sanatorio Mayo y que ha probado también, con la testimonial recibida, que la Administración los días sábados no trabaja.
En cuanto a los días 17, 18 y 19 siguientes, indicó el magistrado que el actor adujo que, habiendo concurrido al Sanatorio Francés (ya que no mejoraba), se le habría otorgado una carpeta médica por 72 horas, lo cual intentó acreditar con el certificado que resultó constrastado con la Informativa del propio Sanatorio Francés, que respondió afirmando que no constan registros de internación de Vega en la fecha indicada, “ni tampoco existe constancia de su atención médica”.
Por lo expuesto, el vocal señaló que la demandada el 17 de junio envió su control médico de ausentismo al domicilio de Vega, informando el médico que concurrió que en el lugar “no respondió nadie”, dejando constancia de su visita en el buzón del inmueble.
El tribunal indicó que tras ello, el 19 de junio la patronal envía un nuevo control médico al domicilio de Vega, con idéntico resultado, agregando que dado que el actor se mantenía ausente, el sábado 22 de junio le notifica el despido mediante acta notarial.
Sin embargo, bajo los términos acreditados, el juez estimó que la medida rescisoria resultó desproporcionada e injustificada, teniendo en consideración la extensa antigüedad del actor al servicio de la demandada -más de 27 años, entre 1986 y 2013, sosteniendo que ello obligaba a la empresar a extremar los recaudos al momento de adoptar la decisión extintiva.
Además, ponderó el vocal la ausencia de sanciones disciplinarias durante 26 años de trabajo (desde 1986 a 2012).
Experiencia
Según estimó el magistrado, “la experiencia demuestra -y así se lo constata en importante número de causas que se ventilan a diario en nuestros tribunales- que la convivencia entre trabajador y empleador exige un delicado equilibrio, no fácil de alcanzar, y mucho menos de mantener en períodos tan prolongados. Y que por ello, la ley le requiere al empleador -como primer juzgador de la situación de conflicto-, que antes de adoptar una medida disciplinaria rescisoria, debe sopesar prudentemente los hechos y el contexto, de modo tal que la decisión guarde la debida razonabilidad y proporcionalidad”.
En consecuencia, en el fallo se declaró “ilegítima -por desproporcionada- la causa de despido invocada por la accionada, no verificándose en su perjuicio injuria de entidad suficiente para extinguir justificadamente el vínculo laboral habido con el actor, debiendo, por tanto, asumir los efectos reparatorios previstos en la legislación vigente”.
Autos: “Vega, Carlos Luis c/ Di Brenta SA – Ordinario – Despido”
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