La Fundación Apolo expuso que Juan Ramos Padilla, quien suele postear polémicos escritos en Twitter en defensa de la vicepresidenta, atentó contra las instituciones democráticas
En agosto pasado, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dispuso reforzar la seguridad de los magistrados que juzgan a Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno en la causa “Vialidad”.
Luego de una serie de amenazas verbales y de mensajes de militantes kirchneristas que instaron en la redes sociales a ir a sus casas para “escracharlos”, Rosatti le pidió por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal que aumentara la custodia de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La Policía Federal designó más efectivos.
Por su parte, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, le consultó a los fiscales Diego Luciani y a Sergio Mola si querían más seguridad y ambos dijeron que no.
Uno de los posteos que encendió las alarmas lo hizo el juez y militante ultra cristinista Juan Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, quien escribió una polémica frase. “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide”.
Lo hizo el mismo día que Alberto Fernández, entrevistado por TN, ignoró los pedidos de prudencia de judiciales y dijo: “Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga algo parecido”
Al igual que el jefe de Estado, en su posteo también conectó el supuesto suicidio de Nisman con la causa por corrupción en la obra pública. Escribió sobre Luciani: “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide”.
Además, recordó que “otro día” dijo: “Los jueces perdieron el miedo, hay que devolverles el miedo a que se les aplique la ley a ellos. Entonces, ¿yo soy violento? Ellos tienen que tener miedo en no cometer delitos”.
Ramos Padilla padre fue denunciado varias veces por su explícita participación política (es usual que llame a “obedecer” los planteos mediáticos de la ex jefa de Estado) y sus violentos mensajes en Twitter (usualmente, mal redactados).
Ahora, tras convocar a una “pueblada” para respaldar a Fernández de Kirchner el pasado noviembre, el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 29 fue denunciado nuevamente ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
La presentación la formuló la Fundación Apolo, a través de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.
Sostiene que el magistrado buscó “denigrar al Poder Judicial” cuando, entre otras acciones, lo definió como “mafioso” y planteó la necesidad de “sacar jueces”.
A criterio de Fundación Apolo, los dichos de Ramos Padilla entran en las causales de sanción previstas en el artículo 14 de la Ley 24937 del CMN, que prohíbe actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo; faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados” y negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
“Es claro su ataque indiscriminado a una institución que desarrolla una función que fundamenta la existencia misma del Estado -la resolución pacífica de controversias regidas por el Derecho-, con una vergonzosa omisión intencional de comunicar y considerar las reglas del debido proceso, los presupuestos de imparcialidad de magistrados y valores de ética en el ejercicio de funciones públicas”, ponderó la fundación.
En ese orden, consideró que Ramos Padilla padre “incita a prejuzgar y a descartar valores constitucionales sobre la función jurisdiccional”. También alegó que promueve “estereotipos de odio” sobre la Justicia “al enfrentar a la sociedad con instituciones diseñadas para proteger sus derechos.
“Estamos no solo ante expresiones de carácter proselitista, partidario, inadmisibles en un magistrado, sino también ante expresiones que promueven la desobediencia a las reglas de la república y la democracia”, expuso la denunciante.
Hasta ahora, los pedidos de sanciones para Ramos Padilla padre por sus constantes exabruptos en Twitter no prosperaron y pudo seguir calificando como “burros sin moral”, “hipócritas”, “traidores” y “antipatrias” a colegas, fiscales y periodistas que no comulgan con su ideario.
Juan Ramos Padilla, quien en 2013 fue apartado de una causa por sus constantes ataques a los “anti k” en la red social del pajarito, fue denunciado en 2017 por el diputado Waldo Wolff, por el tono y contenido de 56 de sus miles de tweets con manifiesto contenido político partidario. A ese planteo se acumuló otro, presentado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, insultado por él.
Para el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura no hubo nada reprochable en el catálogo de publicaciones del juez, que incluye posteos agresivos en contra de Ricardo Lorenzetti. En uno de ellos, a raíz de un voto del ministro sobre el concepto de cosa juzgada, escribió: “Usted quiere que pierda el recato propio de mi condición superior de juez. Pues bien pelotuto es”.
En otra publicación, elogió al líder piquetero Luis D’Elía por haber golpeado a un ruralista en 2008. “Te felicito cada insulto de la oligarquía vacuna demuestra que vas x el camino correcto… Trompada en defensa de la democracia jamás puede ser delito”, escribió.
