ESCUCHARPor el fracaso de sus gestiones para lograr que una empleada trabajara, la jueza federal María Servini denunció penalmente por defraudación al Estado a la mujer, que entre 2012 y noviembre pasado asistió solamente 414 días a los tribunales de Comodoro Py y durante muchos de los períodos de licencia que tomó viajó a exterior y lo mostró en sus redes sociales.
La empleada en cuestión es Gabriela Dunzelmann Novaro, quien tiene el cargo de jefa de despacho del juzgado electoral porteño, al que accedió recomendada por su madre, también judicial.
En 2019, al ser entrevistada por una junta médica en el marco de una de sus tantas licencias, Dunzelmann Novaro manifestó: “Lo mío es el teatro, la escena”.
Desentendida de sus obligaciones como integrante de la Justicia, dijo además que su “error” fue no dedicarse a lo que le gustaba. “Nunca me animé a dejar un trabajo seguro, porque eso significa ganar una cuarta parte de lo que gano”, sumó la denunciada, quien no renunció ni aceptó las sugerencias de jubilarse.
Según el reporte que consta en la denuncia, en el análisis que se le hizo la mujer dijo que “odiaba todo lo que tenga que ver con el Derecho” y que le parecía una “injusticia” que no la hubieran dejado irse antes de su trabajo.
La junta concluyó que la empleada carece de actitud reflexiva, especialmente en la justificación de su conducta transgresora, y que tiene escasa autocrítica y que es “hipercrítica” con los demás”.
También consignó que tiene escasa tolerancia a la frustración, en relación a su reclamo para trabajar menos horas, que le fue negado y que motivó que se tomara licencia por varios meses como una suerte de “represalia contra el sistema”.
Según los términos de la denuncia, lo ocurrido “pone en tela de juicio -una vez más- la seriedad científica de las certificaciones médicas para justificar ausencias sin dejar de percibir haberes”.
Los diagnósticos hablaron de un cuadro de bipolaridad, el cual Servini puso en duda después de haberle ordenado que fuera a consulta al Hospital Borda y de que desde el nosocomio le informaran que “no presenta afección psiquiátrica en curso que le impida desempeñar sus tareas laborales”.
En base a ello, Servini también denunció al psiquiatra que habilitó las prolongadas licencias.
En ese sentido, sostuvo que para llevar adelante la maniobra la empleada usó “documentos ideológicamente falsos” -concretamente, 68-, con el fin de percibir sus haberes.
“Resulta llamativo que una persona bajo tratamiento y supuestamente medicada posea tantas y tan frecuentes descompensaciones”, planteó la magistrada.
