jueves 28, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Denuncian a AFJP por inacción ante los embargos extranjeros

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Un afiliado a una AFJP denunció a sus directivos por administración fraudulenta al no haber actuado en defensa de los bienes embargados por la justicia de Estados Unidos.
La presentación ante el fuero federal porteño fue realizada por el abogado Pablo Cano, afiliado a la AFJP Orígenes, quien además pidió al juez que investigue si otras aseguradoras evidenciaron igual inacción.
La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres, y reclamó al magistrado que establezca si existe una “conducta coordinada” entre las diferentes AFJP.
Según el denunciante, se estarían generando situaciones que alteran “el desarrollo de políticas de Estado”.
Asimismo, el letrado pidió que la Justicia ordene a la aseguradora que identifique la cantidad de fondos que posee en el exterior y que individualice los que han sido embargados, aludiendo expresamente al embargo dispuesto en los tribunales de Nueva York sobre los fondos pertenecientes a las AFJP depositados en Estados Unidos, ante el inminente tratamiento parlamentario de la ley para el paso del sistema a la administración estatal.

“No sólo implica un menoscabo patrimonial, sino que también se intuye en el accionar de la empresa la intención de forzar situaciones que perjudiquen y obstaculicen el ejercicio y desarrollo de políticas soberanas”, dijo Cano en su escrito.
Administradores
En tanto, la denuncia se extendío a los directivos de Orígenes y el letrado hizo reserva de presentarse como actor civil y demandar económicamente a la aseguradora por el perjuicio, considerando que “la falta de defensa ante los tribunales extranjeros que han embargado fondos implica una conducta absolutamente dolosa”.
En tanto, destacó que la obligación de los administradores de tutelar los bienes ajenos “es de pleno imperio, ya que hace a la esencia de la prestación a que están obligados”, aseverando que la inacción de su aseguradora traslucía su intención de poner en riesgo el patrimonio de los afiliados, como medida de presión en defensa de sus propios intereses.

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